Estados Unidos, los fondos buitre y la Panamericana

Estados Unidos llega para ayudar. La frase la pronunció Barack Obama y no fue para referirse a un fallo de un juez, municipal o de la Manzana Financiera del Mundo, como quiera llamarse. El presidente de Estados Unidos emitió un breve mensaje el jueves por la noche para anunciar lo que al día siguiente resultaba la primera operación punitiva de las fuerzas militares de la primera potencia de la Tierra en Irak desde la retirada de las tropas norteamericanas tras nueve años en ese país. El viernes por la mañana, dos cazabombarderos Phantom, de una versión más moderna de los que masacraban población vietnamita, dispararon sus misiles cerca de Erbil, la capital del Estado autónomo del Kurdistán iraquí. Hace unos meses, la Unesco declaraba como Patrimonio de la Humanidad la histórica ciudadela de esa ciudad, porque se considera que es el aglomerado urbano más antiguo de la humanidad. El viernes picaron las bombas norteamericanas en esa región. El inicio de este ataque norteamericano es contra el Estado Islámico en Irak y el Levante, asentado en la ciudad de Mosul, cercana a Ebil. Según la visión de la Casa Blanca y el Pentágono, las bombas son para cuidar a los iraquíes desplazados de los conflictos internos de ese país. Pero, cabe aclarar, que en junio el gobierno de Obama instaló un centro militar de operaciones en Ebil.
En la edición 219 de Miradas al Sur, del 29 de julio de 2012, salió un artículo firmado por David Vine, profesor de la American University de Washington DC, que no habla de las Mil y una noches –los célebres relatos y poesías musulmanes–, sino de las mil bases bélicas que tiene Estados Unidos fuera de sus 50 estados. “En Afganistán –dice Vine–, la fuerza internacional dirigida por Estados Unidos todavía ocupa más de 450 bases. En total, los militares de Estados Unidos tienen alguna forma de presencia de sus tropas en aproximadamente 150 países extranjeros, para no mencionar las once fuerzas de tareas de portaaviones –esencialmente bases flotantes– y una presencia militar significativa, y creciente, en el espacio. Estados Unidos gasta actualmente unos 250 mil millones de dólares al año en mantener bases y tropas en el exterior.” La invasión a Afganistán fue denominada por George Bush, predecesor de Obama, como Operación Libertad Duradera y comenzó a principios de octubre de 2001, a menos de un mes del ataque a las Torres Gemelas. Obama anunció que retirará las tropas a fines de este año. En noviembre, Estados Unidos tiene unas elecciones legislativas donde republicanos y demócratas se disputan a ver quién mete más terror en el mundo. Es evidente que el electorado norteamericano, donde el voto es voluntario y no llega a votar más que la mitad del padrón, es muy eficaz mostrarse como una nación en armas.
Es preciso tomar dimensión de que el poderío norteamericano en materia militar es solidario con su dominación financiera para cualquier análisis sobre lo que sucede en otros conflictos del mundo. Incluyendo, por supuesto, este pequeño –en comparación con la ocupación territorial o las invasiones militares– litigio que mantiene el Estado argentino. El discurso del jueves de la Presidenta a través de la cadena nacional tuvo una serie de consideraciones respecto de cuáles son las vías de reclamo del gobierno ante el hecho consumado de la sentencia de Thomas Griesa. Muchos analistas de medios enfatizan que la Corte Internacional de La Haya no tiene competencia sobre este conflicto y señalan, con ironía, que el gobierno debería saber que Estados Unidos no adhiere a la Corte Internacional de Justicia. Se confunden con el Tribunal Penal Internacional, creado a medio siglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el motivo del rechazo fue que podía perseguir a los ciudadanos norteamericanos fuera de su territorio. El motivo concreto tiene que ver con los cientos de miles de soldados ubicados en bases o en operaciones punitivas. El reclamo argentino ante el Tribunal Internacional podrá tener –o no– un resultado positivo. Incluso, se podrá tener una visión positiva –o no– del gobierno nacional. La pregunta de cualquier observador desapasionado es si el Gobierno, en esta iniciativa, defiende o no la soberanía. La respuesta es, sin ninguna duda, positiva. Y para quienes hablan de la malvinización del gobierno cabe preguntarles qué hicieron contra la dictadura cívico-militar quienes pretenden la burda e insultante asociación.
La estrategia del Gobierno recibe el apoyo de la población de modo mayoritario. Eso lo dan encuestadores diferentes, desde Backman y Asociados hasta Poliarquía. Y no hay en ello el sentido de una gesta antiimperialista, pero sí un sentido patriótico y una memoria de los atropellos de Estados Unidos tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos. El punto sería complicado si detrás de recurrir a un tribunal internacional o de la denuncia de la arbitrariedad de Griesa hubiera una política que ponga en riesgo el resultado. Es decir, concretamente, si Cristina tensara la cuerda más de lo conveniente. Muchos analizan con la expectativa de un fracaso ante los tribunales de Nueva York. Es difícil saber qué pasará en las próximas horas o semanas. Hay una operación en marcha, encabezada por el consorcio de cuatro bancos extranjeros. Hay, además, declaraciones de Eduardo Eurnekian y trascendidos de otros empresarios argentinos en el sentido de aportar fondos para alguna salida, que puede ir desde hacer un depósito en caución hasta la compra del total de los títulos del fondo de Paul Singer. No es un aporte patriótico ni una cruzada solidaria. El sector financiero, en particular, y los empresarios que tienen títulos de deuda, en general, prefieren un escenario sin default. Se trata de intereses. Como cada movida debe contemplar muchos frentes, parece sensato que el Gobierno maneje la tensión con un máximo de responsabilidad pero, a la vez, con la determinación de saber que la soberanía no debe negociarse. Esto es, debe cumplir con los bonistas reestructurados, debe sentarse con Dan Pollack y también debe dar señales a la sociedad para que las medidas anticíclicas sirvan para dar confianza en el rumbo del país.
La dirigencia opositora tiene comportamientos muy contradictorios. Por un lado es prudente respecto del comportamiento del Gobierno en el juzgado de Griesa, por otro lado en lo único en que se ponen de acuerdo los diferentes bloques del Senado es en no concurrir al recinto si está presente Amado Boudou. A ver, se puede estar en contra de que Boudou no pida licencia, pero no hubo obstrucción de justicia por parte del vicepresidente ni hubo actitudes extorsivas por parte del Gobierno ante el juez Ariel Lijo ni ante el tribunal de alzada que entiende en el caso Ciccone. No es momento para mandar señales tremendistas.
Lear. Más allá de qué suceda en la frágil economía argentina si continúa esta indefinición sobre el default, el Gobierno tomó un rumbo sensato, valiente y apoyado por gran parte de la sociedad. Quizá debería haber convocado al resto de la dirigencia tanto política como empresarial y gremial. Sin perjuicio de las grandes divergencias en las cúpulas sindicales, circula un borrador de rechazo a los buitres entre representantes de los distintos sectores de la CGT y de la CTA. Al respecto, cabe consignar que el mismo Hugo Moyano levantó el pie del acelerador respecto a una convocatoria a un paro general y que el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, tras las 48 horas de huelga, se encaminó después de la reunión de los gremios docentes con todo el gabinete de Daniel Scioli y las medidas concretas de inversión en infraestructura y de respuesta a los otros reclamos de los maestros. La agencia fiscal bonaerense salió a la búsqueda de los dueños de autos de alta gama y de otros evasores. Una señal clara. Se sabe, Scioli quería emitir un bono en el exterior y no tiene apoyo con recursos de Nación para sus gastos corrientes. Sin embargo, apoya a la Presidenta en esta jugada y escucha a los docentes. Se podrá discutir su política con la Bonaerense y seguramente muchas otras cosas más, pero nadie puede decir que antepuso sus expectativas de acceder al mercado de deuda externa al conflicto de los buitres.
Dicho todo esto, el problema con Lear no es que sea de capitales norteamericanos ni que los delegados echados sean de la izquierda no peronista. Con la misma vara con que el Gobierno encara el conflicto con los buitres, debería pensar que en la Argentina no se puede perseguir y reprimir a gente que lucha por sus derechos. Que Jorge Capitanich haya dicho el viernes por la mañana, mientras Gendarmería reprimía en la Panamericana, que los trabajadores están representados en el Partido Justicialista y sus sindicatos y que el Partido Obrero es el preferido por los capitalistas es una perfecta estupidez que le traerá perjuicio al Gobierno y no sólo al jefe de Gabinete. En principio, porque nadie puede hacerse el distraído: la ministra de Industria Débora Giorgi es una interlocutora del sector empresario de la industria metalmecánica y el modelo que se lleva adelante en ese sector tiene un altísimo nivel de dependencia de las importaciones de autopartes y porque no faltan las voces de alerta sobre los niveles de sobrefacturación de importaciones que requerirían una presencia seria de auditorías de la autoridad fiscal. Pero, hay otra pieza clave en el vínculo entre las empresas extranjeras automotrices y el Gobierno, que es la dirigencia del sindicato mecánico que, como hizo muchas veces en la historia, es denunciado por delegados de base y de comisiones internas como parte del entramado en los despidos de militantes de sectores opuestos a la conducción de Ricardo Pignanelli.
Sin perjuicio de que merece un debate más profundo qué es ser peronista en un momento de fragmentación gremial y de distintas variantes peronistas en el terreno político, el jefe de Gabinete no es quién para empezar una cruzada contra la izquierda no peronista. Menos con la Gendarmería en acción y con Victoria Moyano, nieta restituida, golpeada con saña por las fuerzas de seguridad. No hay nietos peronistas y nietos malos. No hay soberanía en Nueva York y palos en la Panamericana. El Gobierno también tiene que hacer cosas para sumar o al menos no provocar a quienes acusa de provocadores y que son trabajadores que protestan porque la empresa cierra la planta por dos semanas. Al respecto, cabe consignar que el Juzgado del Trabajo de feria de la Capital Federal dictaminó la semana pasada que el Smata debía restablecer en su lugar a la comisión interna desplazada. Podría decirse que tiene tanta fuerza legal como la decisión del juez municipal de Nueva York, guste o no guste. La medida estableció que el Ministerio de Trabajo de la Nación debía hacer cumplir la medida. El viernes por la mañana, en una entrevista con Radio del Plata, Carlos Tomada dijo que mandarían los inspectores. Habrá que ver cómo se efectiviza si Lear deja cerrada sus puertas.

Eduardo Anguita

argentina@miradasalsur.com