“Escucho colegas que se golpean el pecho con que son como fiscales. Hay que definir si uno es periodista o fiscal.”
Como abogado y experimentado periodista judicial, Villarruel buscó darle forma a un libro que aclare las confusiones disparadas por un tratamiento mediático que suele desconocer las verdades del expediente y regirse más por el rating que por el rigor de la verdad.
Por Emanuel Respighi
Las escenografías periodísticas televisivas como estrados judiciales y los periodistas fundiéndose en el rol de jueces. Aunque exagerada, la imagen bien vale como representación de una manera en que buena parte del periodismo –fundamentalmente el televisivo, pero no exclusivamente– aborda los casos policiales y judiciales. Detrás de la prepotencia propia de un fiscal, pero sin la solidez investigativa, o de la misma ignorancia sobre las causas y la legislación competente, existen periodistas que, cual jueces autónomos y express, condenan sin que les tiemble el pulso, construyendo una peligrosa Justicia mediática. Esa suerte de tribunal paralelo televisivo instala en la sociedad asesinos, ladrones, estafadores y narcotraficantes con la misma liviandad con la que comentan lo que ocurrió en el reality show de la noche anterior. Esa cotidiana mala praxis profesional llevó a Darío Villarruel a escribir (In)justicia mediática (Ed. Su-damericana), trabajo de investigación que desmenuza con conocimiento de causa la relación entre los medios y la Justicia.
Su doble papel de abogado y periodista especializado en casos judiciales conceden a Villarruel la solidez para analizar crítica, pero apasionadamente –tal su estilo– las razones por las cuales los medios instalan al calor del delito supuestos condenados que luego, aun cuando sean desacreditados por los fallos de la Justicia, permanecen en la opinión pública como verdades. A través de la comparación entre la cobertura periodística de casos resonantes de los últimos años con las pruebas y testimonios recabados en las causas judiciales, el periodista demuestra que la Justicia mediática suele expresar más razones de audiencia e intereses que judiciales. “Los medios, en general, se equivocan muy seguido en el uso de la terminología del derecho, y eso lleva a la confusión general de la sociedad. Muy pocos comunicadores conocen el expediente judicial, que es de donde surgirá la verdad jurídica. En Tribunales hay una máxima inobjetable: lo que no está en el expediente no existe. Hay casos donde aparecen testigos o arrepentidos que son mediáticos, pero que nunca fueron citados por el juez, y llegan a titulares televisivos y/o gráficos”, explica Villarruel, dando las razones que lo llevaron a escribir el libro que el próximo 26 de agosto, a las 14, presentará en el Auditorio de Radio Del Plata (donde conduce diariamente Secreto de sumario), con la presencia del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y del periodista Víctor Hugo Morales, quienes escribieron los prólogos de un libro de espíritu pedagógico.
–¿Cómo evalúa el tratamiento que, en general, hacen los medios de temáticas relacionadas con la Justicia?
–En general no es jurídicamente bueno. Suele pasar que cuando no se tiene información se la inventa, y acusar de asesino o violador a una persona sin pruebas, en los medios, es temerario: esa persona escrachada tiene familia y su honor se ve vapuleado mucho antes por un medio que por una sentencia judicial. A los medios les cuesta aceptar el principio jurídico básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso se logra con un fallo condenatorio firme de los jueces. Nos guste o no, son los únicos en un Estado de derecho que pueden condenar o absolver a ciudadanos.
–El abordaje amarillo o cierta imprudencia mediática alrededor de los casos judiciales, ¿obedece más a la ignorancia de los profesionales o a la búsqueda de impacto?
–Mientras escribía me lo pregunté varias veces. Quizá sea materia de otro trabajo de investigación sobre qué buscan los medios. Creo que hay una gran parte de ignorancia o desconocimiento, pero eso se arregla leyendo el Código Procesal o el Código Penal, hablando con jueces, fiscales y abogados. Lo que sucede, me parece, es que a veces lo que se quiere publicar no coincide con lo que se busca instalar. El caso del portero Jorge Mangieri en el crimen de Angeles Rawson es un ejemplo. La historia es simple: un encargado que intenta abusar de una vecina, no puede y la mata... Sin embargo, hubo medios masivos que quisieron instalar la teoría del padrastro y su entorno familiar, lo que seguramente vendía mucho más. En el expediente que llevó a Mangieri al juicio oral no hay un solo elemento que modifique la línea investigativa. Hubo medios que titularon que el padrastro había quedado detenido y sólo declaró como testigo, al igual que el resto de la familia. En materia de hechos de corrupción no tengo dudas de que, en general, los medios se manejan por intereses de las partes en el proceso. Por ejemplo, el vicepresidente está procesado y hay medios que lo llaman ladrón o corrupto sin ningún prurito. Eso es faltar a la verdad, que es lo más grave que puede hacer un comunicador. Jurídicamente se debe decir con respecto a Boudou que hay una semiplena prueba de que podría haber cometido delitos en la función pública, pero guste o no sigue siendo inocente, al igual que Mauricio Macri. Y son políticos de distintas vertientes. Sin embargo, la verdad es una sola: ninguno es corrupto hasta que se demuestre lo contrario.
–¿Cuánto cree que influye lo que se dice en los medios en la opinión de la sociedad sobre la Justicia o algún caso policial?
–Es determinante. Quizá porque el ciudadano no tiene acceso al tema judicial de no ser por lo que dicen los medios. Si suben los precios, uno va al mercado y lo comprueba más allá de lo que dicen los medios. En materia judicial hay que ser cuidadoso, porque los tiempos periodísticos son muy distintos de los de la Justicia. Cuando en un hecho trágico se detiene a alguien, los medios titulan “detuvieron al asesino o al ladrón” y no siguen más el caso y a los tres días sale porque no hubo pruebas en su contra. Entonces, la gente dice que no hay justicia, y resulta que el tipo no tenía nada que ver. Hay que explicarlo bien para que se entienda. Lo grave es que la gente se queda con la verdad periodística y no con la verdad jurídica, lo que la Justicia puede descubrir con las herramientas legales que le da el estado de derecho. Hace días se conocía la absolución de Osvaldo “Karateca” Martínez por el cuádruple crimen de La Plata. Estoy seguro de que la mayoría de la sociedad piensa que es culpable. ¿Por qué? Porque los medios instalaron que era el asesino. Hubo un remisero ahora acusado de falso testimonio que se cansó de ir a los programas de TV diciendo que él lo había visto por el espejo retrovisor. Martínez estuvo preso y no tuvo nada que ver. ¿Quién le devuelve su honra, su trabajo y sobre todo que lo señalen como autor de crímenes horribles que no cometió? Lamentablemente, cuando un medio condena no hay vuelta. En la Justicia hay apelaciones, en los medios sólo el escarnio popular.–¿Y cuánto influye el discurso mediático en los jueces, en las decisiones que toman?
–En principio no debiera influir. Una vez Raúl Zaffaroni, ante esa pregunta, me dijo: “Si los medios presionan sobre mi pensamiento jurídico tengo que renunciar, yo no siento presión de nadie”. Claro... es Zaffaroni. Creo que en la mayoría preocupa pero no es determinante para resolver un caso. Y está bien que sea así porque el único que tiene a la vista las pruebas y los indicios de un caso es el magistrado y no los medios. Además, hay un amplio margen de interpretación que está fuera del alcance del análisis lineal de los medios. No olvidemos que el derecho es una ciencia y cada sentencia se debe fundamentar. Asimismo, cada fallo puede ser revisado por la instancia superior hasta llegar a la Corte. No creo que si hubo un juez o tribunal presionado todos pueden estarlo. El derecho tiene los remedios institucionales para evitar una injusticia mediática, haciendo honor al título del libro.
–De un tiempo a esta parte, los medios disminuyeron sus equipos de investigación periodística. Pero las noticias judiciales-policiales cada vez ocupan más espacio. ¿Es ésa la más clara demostración de que ya no importa tanto la rigurosidad periodística como la persecución del rating?
–Las investigaciones periodísticas son eso: investigaciones periodísticas, no alcanzan para condenar a nadie. Muchos colegas se jactan de ser grandes investigadores. Eso sirve para escribir un libro, pero no para descubrir un hecho ilícito. Para eso, por más que a alguno no le guste, están los fiscales y los jueces de la Constitución. Que se pueda aportar algo desde el periodismo, estamos de acuerdo, pero definir que por esa investigación alguien es culpable o inocente, no. En el caso de Julio César Grassi, que salió a luz por Telenoche investiga, se instaló la idea de que la cámara oculta fue determinante para la condena. Nada tan alejado de la realidad, ya que no tuvo ningún valor jurídico. Fue necesario tomarles declaración a las víctimas, que ratificaran ante la Justicia sus dichos, se hicieran pericias sobre Grassi y los menores, declarasen testigos, etc. Es más: en la sentencia que condenó a Gra-ssi a 15 años de prisión no se dice que fue condenado por la cámara oculta de El Trece. Se lo condenó por las pruebas colectadas. Sí, lógicamente puede servir un trabajo serio de investigación como comienzo de una causa, pero nunca será determinante para resolver el caso.
–Por las actitudes de muchos periodistas, esa afirmación no parece cierta.
–Escucho a colegas que se golpean el pecho con que ellos son como fiscales. Hay que definir si uno es periodista o es fiscal. Son carreras tan distintas que para una se requiere título de abogado y para la otra no. Lamentablemente, hoy hay medios que determinan quién debe ser el culpable según cómo acompaña el rating, y si no resulta como lo planearon, dejan de cubrir el caso o le dan un pequeño espacio. Un ejemplo es el caso de Lucila Frend, la joven acusada de matar a su amiga Solange, en San Isidro, hace algunos años. Cuando llegó el día de la sentencia, los medios instalaron que a Lucila la iban a condenar por el homicidio, lo que implicaba que se retirase detenida del tribunal. Obviamente, eso vendía más que una absolución. Así lo prepararon los medios, cuando no había pruebas de cargo para que eso fuese así. No bien se escuchó el veredicto de absolución, los medios se retiraron porque ya “no vendía”. Y es más: el tema, que fue titular de tapa de los diarios el día previo, no lo fue al otro día. La querían presa, no servía mediáticamente su libertad. Se busca vender y no la verdad en términos generales. El buen periodismo judicial no es la regla, sino la excepción. No se mejora poniendo más periodistas especializados. Se mejora entendiendo que un tema judicial es mucho más serio que otros, inclusive los temas políticos, económicos o sociales, ya que está en juego el buen nombre de una persona.
–Cuando la Justicia no convalida en sus sentencias la Justicia mediática instalada durante meses, ¿la percepción social se modifica?
–Lamentablemente, aunque la Justicia le dé la razón al acusado mediático, en la conciencia de la gente queda como culpable de algo que la Justicia determinó que no hizo. Las condenas populares quedan para siempre. Las absoluciones judiciales a veces ni se publican, y eso es absoluta responsabilidad de quienes tienen la facultad de informar cuando hay un hecho notorio con repercusiones sociales, políticas o económicas, derivadas de un caso judicial.
–Teniendo en cuenta que tanto la Justicia como el periodismo sufren una crisis de credibilidad en los últimos años, ¿por qué la gente parece creerles más a los periodistas que a los jueces?
–De ser así, es un tragedia institucional. Los jueces se pueden equivocar, pero hay mecanismos legales para revisar sus fallos. Hay “doble instancia” en causas penales, lo que da mayor garantía sobre la legalidad de una sentencia. El periodismo se equivoca al intentar resolver casos judiciales y bajar opinión sobre algo que en general se desconoce. En derecho no hay dos casos iguales, y los jueces interpretan las leyes de acuerdo con su saber y entender. La verdad periodística casi nunca coincide con la verdad jurídica, que es lo que se puede probar de un hecho delictivo. Y que sería lo más aproximado a la verdad histórica, lo que sucedió, que es muy difícil de reconstruir por diferentes razones, entre ellas la falta de pruebas. No nos olvidemos de que la Justicia aparece después de ocurrido el hecho, no antes. Los fallos judiciales no pueden prevenir, actúan sobre hechos consumados y tratan de encontrar la verdad, que a veces es imposible. Cuando un caso queda impune no es porque un juez investigó mal: generalmente es porque no hay ni pruebas ni indicios que puedan conducir a lo que sucedió. En su gran mayoría, los jueces tienen una gran desventaja: no son mediáticos, no hablan en los medios. Deberían, me parece, revisar la máxima de que hablan por sus sentencias, ya que hoy con la repercusión de los hechos sería bueno que explicaran con palabras simples lo complicado del lenguaje judicial. No sé si la gente lo entendería, pero sería un paso importante. Tengo la impresión de que los magistrados, en general, tienen miedo a enfrentar a los medios, sienten que no es su ámbito. Prefieren sus despachos o los claustros universitarios. Como digo en el libro, la gente cree que el derecho es lo que no es y tiene conclusiones de sentido común sobre determinados hechos, que no se ajustan a lo que dicen las leyes.
El rating y el compromiso con uno mismo
Una de las ideas propuestas por esta sección desde hace tiempo para elevar la calidad del abordaje televisivo de las noticias policiales y/o judiciales tiene que ver con la posibilidad de que se elimine a los noticieros de la medición del rating. Abogado y también periodista, Villarruel sienta su posición al respecto. “No creo que contar la realidad aumente o disminuya el rating”, explica, sin dejar de lado su tono pedagógico. “Todos los noticieros tienen las mismas noticias, con matices. Puede ser que al televidente le guste más cómo lo trata un medio u otro, o se identifica con un conductor o determinado periodista, pero no creo que se den grandes diferencias. La calidad le debe ganar al rating. Me parece que el tema pasa por la línea editorial y el nivel de información. Soy conductor de noticiero (lunes a viernes a las 21, en 360TV), y prefiero la calidad a la cantidad de información. En los temas judiciales, puntualmente, priorizo la explicación del caso y cómo se puede resolver, más que el morbo del caso en sí mismo. Seguro que la sangre da más rating, pero la calidad en la información da mayor tranquilidad al espíritu. Seguramente el no medir el rating haría que los gerentes de noticias se esforzasen más por la calidad y no, como se hace hoy, que todos corren detrás del mismo tema y casi no hay diferencias en el tratamiento. Falta creatividad y, sobre todo, compromiso. Cuando hablo de compromiso, no me refiero al que uno asume con el público, sino con un mismo, que es el que puede hacer que una misma noticia pueda ser vista de otra manera y que deje algo para aprender y pensar.”
LA INTROMISION DE LA POLITICA EN LA AGENDA JUDICIAL
La ignorancia y la mala intención
Por Emanuel Respighi
Más allá de las líneas editoriales y la información sobre las causas que maneja cada periodista, hay otro aspecto –no menor– que parece entrometerse cada vez con más asiduidad en la información policial/judicial: el de las opiniones de dirigentes políticos, que hicieron de las cuestiones judiciales y policiales parte de sus discursos de campaña. ¿Existe una relación directa entre el “uso político discursivo” y el mantenimiento en agenda de los casos policiales? “A veces se utilizan casos de gran repercusión, generalmente dramáticos en sus resultados –como puede ser un crimen, un secuestro de un menor, una violación– para decir lo que la gente quiere escuchar, que probablemente no es lo que va a resolver el juez del caso que se trate”, reconoce el periodista. Y cita el secuestro y posterior asesinato
de Candela Rodríguez, de gran e ininterrumpida repercusión mediática durante nueve días en 2011. “En ese caso se dijeron muchas cosas, se metió la política, se acusó a personas que no tenían nada que ver y a varios años del hecho el caso todavía sigue impune. Se habló de tráfico de drogas, de ‘vendettas’ contra el padre de la niña... nada de eso sucedió, o al menos no se comprobó. Un pueblo mejor informado sobre cómo funciona la Justicia constituirá una sociedad con mayor capacidad de entender los motivos de un fallo judicial”, subraya.
El abogado, que diariamente conduce Secreto de sumario en Radio Del Plata, cree que la responsabilidad de los políticos a la hora de pronunciarse sobre cuestiones judiciales es fundamental para “embarrar” investigaciones en curso. “Llama la atención –señala– cuando demagógicamente, inclusive políticos que son abogados, o sea que conocen la ley, dicen barbaridades jurídicas que se instalan en la opinión pública y quedan como mitos difíciles de extirpar, como el famoso ‘entran por una puerta y salen por la otra’, o la ‘puerta giratoria’. Es una gran mentira, que muestra la incapacidad o la decisión de no explicar cómo es un proceso penal desde que comienza hasta que termina.”
La discusión mediática que suscitó el anteproyecto de Reforma del Código Penal hace unos meses es, en su opinión, un ejemplo de irresponsabilidad política y oportunismo electoral. “Fue criminal –sentencia– lo que hizo el candidato del Frente Renovador Sergio Massa, para tirar abajo el proyecto de reforma, utilizando la demagogia, la mentira y, lo más grave, la ignorancia en el conocimiento del tema para instalar que no servía. En realidad, Massa dijo que era a favor de los delincuentes. Los medios, intencionalmente o por ignorancia, se hicieron eco de su irresponsabilidad política y mediática y lograron que gente firme contra el proyecto sin saber de qué se trataba. Una barbaridad que es muy grave en un político que quiere ser presidente. Dijo tantas mentiras y barbaridades sobre eso que creo que nunca lo leyó y tomó lo que se dice en los medios cuando se habla de inseguridad y lo tiró sobre la mesa. Lo mínimo que se puede decir es que el problema de la inseguridad no tiene nada que ver con el Código Penal.”
12/08/14 Página|12
No hay comentarios:
Publicar un comentario