El anuncio de la acción penal lo hizo la presidenta Cristina Kirchner durante un acto en Casa de Gobierno, donde vinculó a Donnelley -cuya planta argentina está en la localidad bonaerense de Garín- con el grupo NML que dirige de Paul Singer a través del fondo de inversión Black Rock. Singer reclama ante el juez neoyorquino Thomas Griesa al país el pago de 1300 millones de dólares de deuda no reestructurada. La mandataria también señaló a funcionarios del Poder Judicial local por haber colaborado con esta “quiebra express”, que enmascara, según dijo, un intento de desestabilización política.
“Este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos”, aseguró CFK al anunciar que solicitó para este caso, y por primera vez, la aplicación de la Ley Antiterrorista.
El artículo 309 de esa norma establece que "será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente".
"En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente", continúa el texto de la norma.
Concluye que "el monto mínimo de la pena se elevará a dos años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva".
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