Por Héctor Bazque *
La deuda externa aparece recurrentemente en el centro de escena de la historia económica argentina. Sin embargo, lo más importante es recordar cómo esa deuda siempre condicionó el sendero del desarrollo de la economía argentina. Siempre que el pago de los servicios de la deuda fue ejecutado sin cuestionar la naturaleza de su origen, se terminó por adoptar modalidades que resultaron penosamente perjudiciales para el país, viabilizando una creciente transferencia de recursos hacia el exterior. Entre ellos se pueden recordar la “estatización de la deuda externa privada”, el “Plan de ajuste austral” de los años ’80, la privatización de activos estratégicos para financiar el pago de los servicios de la deuda durante la década de los ’90, y hasta el Blindaje financiero y el Megacanje durante el gobierno de De la Rúa.
Las condiciones de renegociación de la deuda siempre fueron desfavorables para la Argentina. Mientras que durante la segunda parte de los años ’70 el grueso de la deuda se adquirió a una tasa de interés real ligeramente negativa, la insolvencia durante los momentos de pago obligaba a renegociar, aceptando tasas cada vez mayores y difíciles de afrontar. Así, durante la vigencia del régimen de convertibilidad, el elevado grado de vulnerabilidad financiera frente a los desequilibrios externos, el pobre desempeño productivo y comercial del país, la falta de cuestionamiento hacia la naturaleza de la deuda y los términos de su renegociación empujaron al país hacia el default, sentando las bases para el ingreso en escena de los fondos buitre.
Las reestructuraciones de la deuda que el Estado argentino viene realizando con sus acreedores desde 2005 muestran un giro en el estilo de negociación, planteando una modalidad y condiciones de pago posibles de cumplir, y que se confirman con la sistemática cancelación de compromisos “practicada” durante los últimos años. Además se continuó apostando al crecimiento económico impulsado por el consumo y atendiendo a necesidades sociales, recuperando el control de activos nacionales de relevancia como YPF y reduciendo el grado de vulnerabilidad ante los shocks externos como la crisis financiera internacional, que hoy afecta fuertemente a los países europeos. Estos aspectos, además de brindar condiciones más adecuadas para afrontar el pago de la deuda, brindan mayores grados de sustentabilidad al régimen de pago, ya que una economía que crece puede pagar.
Los holdouts adquirieron los bonos del Estado argentino a precios de liquidación durante un contexto de crisis y hoy, bajo una concepción sumamente perversa, exigen su cobro sin reconocer la reestructuración de la deuda, sin reconocer la efectiva vocación de pago del Estado y sin mostrar preocupación alguna por las consecuencias financieras y económicas de sus pretensiones. Por su parte, saturado de una evidente perversidad, el fallo del juez Griesa ordena que la Argentina pague el ciento por ciento de la deuda al fondo Elliott, una decisión que tiene un notable carácter ahistórico, irresponsable, poniendo en primer lugar los intereses de un financista millonario por sobre los de una nación, supeditando la historia económica, social y política de un país a la interpretación que un juez haga de las leyes de EE.UU.
Es aquí donde la cuestión alcanza un cambio de naturaleza, el problema trasciende la esfera de lo económico y financiero, y pasa a ser atravesado por la cuestión política. La decisión del juez norteamericano, que pretende ser imparcial, deviene injusta cuando la mayor parte de los acreedores no puede cobrar los dólares transferidos en “tiempo y forma” por el Estado argentino, cuando condiciona el sendero de desarrollo de un país y cuando pone en riesgo a otras naciones bajo similares condiciones. Por ello, el reclamo argentino tuvo un amplio apoyo en la Organización de Estados Americanos (OEA). La negociación tiene un fuerte contenido político, que una de las partes no quiere poner en evidencia (los fondos), mientras que la otra debe capitalizar para sostener su soberanía económica (el Estado argentino).
* Profesor del Area de Economía de la UNQ.
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