Avanza el Mundial y parece que algunas noticias no tomaron debida nota. Mucho se habló de José María Campagnoli y varios dirigentes de la oposición y algunos medios de comunicación sostuvieron que el juicio en su contra se realizaría en medio del juego futbolístico, lo que para ellos significaría una maniobra de ocultamiento para truncar a un paladín de la justicia (por si algún desprevenido lee este artículo, Campagnoli jamás tuvo semejante atributo y muy probablemente jamás haya tenido alguno). El juicio se suspendió por la renuncia de una integrante del jurado e implicaría volver a sus comienzos. Las presiones se hicieron presentes jornada tras jornada, e incluso algunas bravuconadas como la de Jorge Lanata en medio de su testimonio difamando a uno de los fiscales. Esas presiones, aprietes y amenazas fueron hechas durante el Mundial y al solo efecto de reponer en su cargo a quien confunde una fiscalía con un destacamento policial y, por cierto, bastante malo (en todos los sentidos).
Tampoco tomó nota que la pelota sigue girando con el juez federal Ariel Lijo, que en la causa Ciccone procesó al vicepresidente Amado Boudou y a otras personas. Hace más de dos años que cada día algunos diarios dedican titulares sobre el asunto. Ninguno se escandalizó porque el procesamiento se haya conocido en pleno Mundial. Todo indica que Lijo adelantó su decisión ante la persistencia de Boudou de querer hablar cuando ya lo había hecho, con el fin de utilizar su acto de defensa para insistir que las presiones mediáticas no lo bajarán del cargo. Lijo quitó a Boudou lo que este más quería: tiempo. A partir de la causa Ciccone aparecieron críticas contra el juez por otorgar personería a un partido con muchachos admiradores del führer y por una supuesta inacción en la causa en la que se investiga la responsabilidad de los funcionarios del gobierno que encabezó Eduardo Duhalde por la masacre del puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. La causa lleva años a la deriva, sobre todo porque no se pudo obtener prueba sobre la responsabilidad penal de los involucrados, más allá de la constatación de la responsabilidad política que tuvieron. De todos modos, las presiones existen y los jueces y los fiscales deben estar preparados para recibirlas. Por su parte, el jefe de la CABA, Mauricio Macri, se lanzó a la tarea de medir la gravedad de su procesamiento por escuchas ilegales. "Es una pavada comparar mi procesamiento con el de Boudou", dijo. Y algo de razón tiene, ya que se trata de delitos distintos, pero delitos al fin, que es lo que desconoce el marido de Juliana Awada. Habiendo corrido tanta agua bajo el puente, resulta lógico que cada uno cascotee el rancho ajeno y cuide el propio. Tal vez Macri pensó en el Mundial al restar importancia a su procesamiento, o creyó que escuchar ilegalmente conversaciones privadas era una tontería, lo que pinta de cabo a rabo su compromiso democrático. Lo cierto es que la oposición y los medios afines se quedan satisfechos con batir el parche de que el gobierno sostiene a un funcionario sospechado de corrupción, mientras Elisa Carrió –como el padre Mupple en Moby Dick sermoneando acerca de Jonás, su misión sagrada y la renuncia del propio ego– amenaza con denunciar penalmente a todos los que no apoyan el juicio político. Una vez más, la orfandad de ideas deriva en la utilización del sistema judicial, como si fuera la solución de todos los males, el camino al paraíso.
El 3 de julio pasado La Nación publicó un reportaje al historiador estadounidense Robert Potash, donde se puso en la misma bolsa a presidentes constitucionales y a dictadores (ocho militares usurpadores, un civil que se prestó a un golpe institucional y cuatro presidentes surgidos de elecciones). Potash se manifestó contrario a volver al servicio militar obligatorio, reconoció que no fue muy feliz al haber apoyado las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, aseveró que la designación de César Milani permitiría eliminar la estigmatización que pesa sobre las FF AA, y que la presidenta estaba tratando de dar al ejército "un sentido de gran importancia" porque no le gustan las críticas y quiere a los militares en actividades de inteligencia "para que vigilen y no haya problemas". Sobre los cargos que pesan contra Milani dijo que deben ser investigados, aunque la oposición utiliza el tema porque cree tener algo contra Cristina Fernández.
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena declaró la nulidad de la acusación contra Milani por el secuestro y torturas de Pedro y Ramón Olivera en 1977, tal como había pedido su defensa, sorprendentemente acompañada por el fiscal Horacio Salman, denunciado ante la Procuración General de la Nación por su participación en este operativo para otorgar impunidad a Milani. El juez pasó de limitar a reivindicar la versión brindada por el militar con argumentos que han puesto más que felices a varios militares encarcelados. La decisión significa retrotraer la investigación al momento del dictamen fiscal; es decir, ganar tiempo. Dice con razón el CELS que el fiscal Salman debe apartarse de la causa porque adelantó su opinión acerca de desvincular a Milani de la investigación.
En la otra investigación que pesa sobre Milani –por el secuestro de Alberto Ledo, conscripto y asistente personal del imputado–, abogados y organismos de Derechos Humanos solicitaron su indagatoria, basándose en testimonios e información que exponía a Ledo como sospechoso para las fuerzas represivas, y porque Milani fraguó el sumario de deserción para ocultar lo sucedido.
En todos estos sainetes se proclama la presunción de inocencia, los de la fuerza propia sostienen en su puesto al funcionario acusado y se reclama reponer en el cargo al fiscal caído en desgracia, que, como por arte de birlibirlo que, pavimenta su camino a ser firme candidato a procurador general en un eventual cambio de gobierno. Cuando la responsabilidad es política sólo se necesita confianza. La presunción de inocencia es para el proceso penal, no para los despachos oficiales. El empecinamiento en sostener funcionarios puede tener sus motivaciones políticas, pero genera riesgos impredecibles. Y la confianza no vuelve a fojas cero.
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