Los dirigentes de espacios opositores al gobierno prefieren golpear en los flancos débiles del gobierno. De modo casi excluyente sobre Amado Boudou. Lo hacen, por supuesto, con las encuestas en la mano y no con algún esbozo de plan para el día después de que Cristina deje la Casa Rosada. Mauricio Macri, con un sincericidio de mal libreto, dijo que no es lo mismo pinchar teléfonos que quedarse con la máquina de hacer billetes. El espacio pan radical socialista, que está más cerca de una ruptura que de unas PASO ordenadas, pide una Conadep de la corrupción. Una muestra de dos graves problemas. El primero es que no confían en la tarea que hacen los jueces a los que ellos mismos tratan como el único poder independiente. El segundo es que mezclan la demanda de los últimos tiempos de la dictadura sobre los detenidos desaparecidos con los chanchullos entre empresarios y funcionarios. Ni siquiera ponen en valor la tarea del cuerpo de auditores de un cuerpo colegiado como la Auditoría General de la Nación, encabezada por un radical prestigioso como Leandro Despouy e integrado por auditores peronistas y radicales. Pero, hay que señalarlo, los radicales también invierten en encuestas y el crecimiento del disgusto social por las sospechas de corrupción empezó a figurar como problema entre los sectores medios y también en los sectores populares. El de la corrupción es un tema que el Gobierno debería considerar. Va mucho más allá de cerrar filas para que Boudou quede en el cargo porque el kirchnerismo interpreta que detrás del ataque al vice hay ganas –evidentes– de castigar a Cristina. El oficialismo no hace gala de administrar los bienes y presupuestos públicos con la prolijidad y los controles que la rendición de cuentas exige. No es que el síndico general de la Nación debiera estar todo el día en los canales de televisión contando cómo están los ojos de los auditores internos o para contar cuándo se contratan auditorias externas para dar más garantías. Más bien, nadie conoce a Daniel Reposo, el titular de la Sindicatura, que depende de la Presidencia por vía de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero ni oficialistas ni opositores pusieron interés –en serio– de nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo que quedó vacante desde que renunció Guillermo Mondino hace casi cinco años. Ese cargo se elige en el Congreso y requiere un consenso porque se necesitan dos tercios de los legisladores presentes, tanto en Diputados como en el Senado. Entonces, como nadie se pone de acuerdo con nadie, una de las pocas cosas interesantes que dejó la reforma de la Constitución de 1994 está en veremos. La lista de órganos públicos que contribuyen a la buena gestión del Estado es muy larga. Quizás el Gobierno no ayude, pero tampoco en estos diez años desde la oposición surgieron propuestas para mejorar la calidad de la gestión pública. Durante años, lo común era escuchar que a la gente le importa un pito la corrupción mientras las cosas funcionaran bien. Ahora, con la economía fría y el ambiente político caldeado, se agita el tema, pero no queda claro si los propios empresarios poderosos estarían dispuestos a avanzar mucho sobre la gallina de los huevos de oro.
Cuando la Presidenta, como al pasar, mientras hablaba de Hipólito Yrigoyen y de Juan Perón, cargó fuerte contra los jueces, por las doctrinas de facto, dijo algo que no es fácil comprender: que la Justicia es el único poder que nunca sufrió un derrocamiento. Más allá de las dotes intelectuales y de la dilatada trayectoria como legisladora y presidenta, cabe preguntarse cuánto pesa la herencia de los magistrados de las dictaduras en estos años. Daría la impresión de que en la Justicia Federal no quedan muchos funcionarios de aquellos años. Hubo un momento clave de confrontación contra los magistrados procesistas: fue cuando Néstor Kirchner cargó personalmente contra Alfredo Bisordi, presidente de la Cámara de Casación Penal, quien en 2007 era la punta del iceberg de los jueces que boicoteaban los procedimientos por delitos de lesa humanidad. Los avances en esa materia son notables. Y debe decirse que el kirchnerismo fue clave, decisivo, para que ello ocurriera, pero también hubo una política activa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los juicios contra los genocidas funcionan con compromiso por parte de jueces y fiscales en casi todos lados. La referencia de la Presidenta venía a colación por la persecución a Yrigoyen y a Perón. Al Peludo, tras el derrocamiento, lo llevaron a Martín García. En sus cartas, relataba cómo convivía hasta con las ratas para graficar el trato que le daban. Desde septiembre de 1930 hasta julio de 1933, la dictadura de José Uriburu y el gobierno fraudulento de Agustín Justo lo persiguieron con varias causas judiciales. Aquella Justicia era la de la Corte Suprema que convalidó por primera vez los decretos de facto con fuerza de ley. Al caudillo radical lo destrozaron en vida y, por supuesto, aquella Justicia no probó nada. Pero el pueblo seguía al caudillo. Cuando Uriburu llamó a comicios en la provincia de Buenos Aires, a los pocos meses, ganó Honorio Pueyrredón, un hombre estrechamente ligado al presidente derrocado. La dictadura anuló los comicios. Valga una digresión: lo mismo hicieron los dictadores 31 años después cuando tras el derrocamiento de Arturo Frondizi –otro hombre surgido del radicalismo– ganaba el líder sindical Arturo Framini también en el distrito bonaerense y por supuesto se anularon las urnas. Así como a Yrigoyen no le probaron nada, los golpistas de 1955 embistieron contra Perón. Un caso emblemático es la persecución a la Fundación Eva Perón, cuyas obras fueron destruidas físicamente. Pero las cuentas bancarias estaban saludables y los autodenominados libertadores diseccionaron los libros sin poder encontrar irregularidades. A Perón, más allá de la mala prensa que le hacían con las chicas de la UES, lo quisieron matar. El coronel Héctor Cabanillas había hecho su primer intento en noviembre de 1945, luego planeó un atentado en Paraguay y finalmente dirigió el atentado al auto de Perón cuando el general estaba en Caracas. Cabanillas formaba parte de un espacio realmente oscuro del Estado, ese que cambió a veces de nombre pero con los mismos cuadros y los mismos secretos, la llamada Inteligencia, un nombre que parece un reto al entendimiento humano. Cabanillas estuvo en 1971 en la comitiva que mandó el dictador Alejandro Lanusse a Milán a buscar el cuerpo enterrado de Evita y luego fue con el féretro hasta Puerta de Hierro, para entregárselo al mismísimo Perón.
Este paseo por la historia viene a cuento por dos asuntos inquietantes. El primero es que los espías están muy asociados, pero mucho, a los jueces y los fiscales. No sólo porque no podrían pinchar teléfonos sin permiso judicial sino porque la asociación poco lícita y poco saludable entre funcionarios de espionaje y de Justicia con fuerzas policiales y militares es histórica. Tanto que cada vez que hay una causa con secretos que deben guardarse aparecen funcionarios de Inteligencia, abogados de estudios muy vinculados a los espías y también jueces o fiscales a los que se menciona como amigos de la calle 25 de Mayo (donde está la Secretaría de Inteligencia), apenas a metros de la Casa Rosada.
El segundo asunto es que, salvo la causa por el atentado a la AMIA, que tiene una oscuridad muy compleja, el resto de las causas que se ventilan en los medios son por cohecho, incompatibilidades con la función pública y otro tipo de delitos que en la jerga delictiva son choreo común y no herencias de las dictaduras. Lo de la AMIA viene a cuento porque en pocas semanas se cumplirán dos décadas de ese crimen donde murieron 85 personas y poco se avanzó. Lo que sí se sabe es que los agentes de espionaje de los tiempos de Carlos Menem se ocuparon de borrar pistas en cambio de colaborar con la investigación.
A veces, cuando se escucha hablar de corporaciones, da la sensación de que la pertenencia fuera por rama. Es decir, corporación empresaria, política, mediática, judicial o de cualquier otro orden. La realidad es que el sistema de negocios –lícitos y no tanto– necesita asociar personas claves de distintos ámbitos para poder prosperar. En ese sentido, podría decirse que la renovación de vacantes para cubrir cargos en la Justicia tiene claras disposiciones para que el Consejo de la Magistratura proponga candidatos que son elegidos por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. No son pocos los magistrados que formaron parte de cargos en los otros dos poderes.
Por fin, volviendo a las causas que tramitan en los tribunales y que tienen como foco a Amado Boudou, es difícil saber cómo va a terminar. Por de pronto, no es sólo el expediente por Ciccone Calcográfica el que tiene a maltraer al vice. Pero es el que avanzó y por la cual quedó procesado por el juez Ariel Lijo. En esta semana, los siete proyectos de juicio político de distintas bancadas opositoras quedaron sin efecto porque los 17 legisladores del bloque del Frente Para la Victoria que integran la comisión votaron en contra e impusieron su mayoría. El fallo de Lijo será apelado por el vice y tendrá un nuevo capítulo en la sala I de la Cámara Federal, que integran Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Lijo tuvo la causa dos años, es de pensar que la apelación no va a durar tanto, pero sería impensable que, de ratificarse el fallo, el juicio oral quede para después del relevo presidencial. En el barro de la política –y más allá de las consideraciones sobre transparencia y ética pública– las cuentas se hacen por la conveniencia. De momento, el oficialismo muestra su fortaleza sólo en el aspecto de no tener legisladores que se desmarquen de cerrar filas con la Casa Rosada. La pregunta es cómo esto le incide al kirchnerismo en la perspectiva del año y medio de gestión que le queda. El primero y fundamental en el contrato con el voto peronista y no peronista que, de modo fluctuante, le dio al kirchnerismo estos tres mandatos consecutivos. Hay una porción que ve esta historia como un ataque a Cristina, y punto. Otra porción que lo considera como un lado flaco, pero tiende a justificarlo porque cree que los logros pesan mucho más que algún caso de corrupción. Ya hay una porción del voto peronista que tomó distancia y se expresa a través de Sergio Massa y, en menor medida, de otros dirigentes que tomaron distancia del Frente para la Victoria. El interrogante difícil de responder es si el caso Boudou incidirá en la estrategia de Daniel Scioli para mantenerse bien posicionado de cara a las presidenciales. No pocos se preguntan si en el escenario actual aparecerán otros precandidatos que los actuales. Incluso, si de los actuales, dentro de las filas oficialistas, habrá alguno capaz de disputar las PASO con el gobernador bonaerense. Los que disparan sobre el vice esperan dañar en ese espacio donde se encuentran los cristinistas y los sciolistas que, según los sondeos de opinión son una franja importante dentro los cruces que pueden hacerse entre los referentes del Frente para la Victoria. Quedará por verse si los antídotos del oficialismo son suficientes para conjurarlo.
Cuando la Presidenta, como al pasar, mientras hablaba de Hipólito Yrigoyen y de Juan Perón, cargó fuerte contra los jueces, por las doctrinas de facto, dijo algo que no es fácil comprender: que la Justicia es el único poder que nunca sufrió un derrocamiento. Más allá de las dotes intelectuales y de la dilatada trayectoria como legisladora y presidenta, cabe preguntarse cuánto pesa la herencia de los magistrados de las dictaduras en estos años. Daría la impresión de que en la Justicia Federal no quedan muchos funcionarios de aquellos años. Hubo un momento clave de confrontación contra los magistrados procesistas: fue cuando Néstor Kirchner cargó personalmente contra Alfredo Bisordi, presidente de la Cámara de Casación Penal, quien en 2007 era la punta del iceberg de los jueces que boicoteaban los procedimientos por delitos de lesa humanidad. Los avances en esa materia son notables. Y debe decirse que el kirchnerismo fue clave, decisivo, para que ello ocurriera, pero también hubo una política activa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los juicios contra los genocidas funcionan con compromiso por parte de jueces y fiscales en casi todos lados. La referencia de la Presidenta venía a colación por la persecución a Yrigoyen y a Perón. Al Peludo, tras el derrocamiento, lo llevaron a Martín García. En sus cartas, relataba cómo convivía hasta con las ratas para graficar el trato que le daban. Desde septiembre de 1930 hasta julio de 1933, la dictadura de José Uriburu y el gobierno fraudulento de Agustín Justo lo persiguieron con varias causas judiciales. Aquella Justicia era la de la Corte Suprema que convalidó por primera vez los decretos de facto con fuerza de ley. Al caudillo radical lo destrozaron en vida y, por supuesto, aquella Justicia no probó nada. Pero el pueblo seguía al caudillo. Cuando Uriburu llamó a comicios en la provincia de Buenos Aires, a los pocos meses, ganó Honorio Pueyrredón, un hombre estrechamente ligado al presidente derrocado. La dictadura anuló los comicios. Valga una digresión: lo mismo hicieron los dictadores 31 años después cuando tras el derrocamiento de Arturo Frondizi –otro hombre surgido del radicalismo– ganaba el líder sindical Arturo Framini también en el distrito bonaerense y por supuesto se anularon las urnas. Así como a Yrigoyen no le probaron nada, los golpistas de 1955 embistieron contra Perón. Un caso emblemático es la persecución a la Fundación Eva Perón, cuyas obras fueron destruidas físicamente. Pero las cuentas bancarias estaban saludables y los autodenominados libertadores diseccionaron los libros sin poder encontrar irregularidades. A Perón, más allá de la mala prensa que le hacían con las chicas de la UES, lo quisieron matar. El coronel Héctor Cabanillas había hecho su primer intento en noviembre de 1945, luego planeó un atentado en Paraguay y finalmente dirigió el atentado al auto de Perón cuando el general estaba en Caracas. Cabanillas formaba parte de un espacio realmente oscuro del Estado, ese que cambió a veces de nombre pero con los mismos cuadros y los mismos secretos, la llamada Inteligencia, un nombre que parece un reto al entendimiento humano. Cabanillas estuvo en 1971 en la comitiva que mandó el dictador Alejandro Lanusse a Milán a buscar el cuerpo enterrado de Evita y luego fue con el féretro hasta Puerta de Hierro, para entregárselo al mismísimo Perón.
Este paseo por la historia viene a cuento por dos asuntos inquietantes. El primero es que los espías están muy asociados, pero mucho, a los jueces y los fiscales. No sólo porque no podrían pinchar teléfonos sin permiso judicial sino porque la asociación poco lícita y poco saludable entre funcionarios de espionaje y de Justicia con fuerzas policiales y militares es histórica. Tanto que cada vez que hay una causa con secretos que deben guardarse aparecen funcionarios de Inteligencia, abogados de estudios muy vinculados a los espías y también jueces o fiscales a los que se menciona como amigos de la calle 25 de Mayo (donde está la Secretaría de Inteligencia), apenas a metros de la Casa Rosada.
El segundo asunto es que, salvo la causa por el atentado a la AMIA, que tiene una oscuridad muy compleja, el resto de las causas que se ventilan en los medios son por cohecho, incompatibilidades con la función pública y otro tipo de delitos que en la jerga delictiva son choreo común y no herencias de las dictaduras. Lo de la AMIA viene a cuento porque en pocas semanas se cumplirán dos décadas de ese crimen donde murieron 85 personas y poco se avanzó. Lo que sí se sabe es que los agentes de espionaje de los tiempos de Carlos Menem se ocuparon de borrar pistas en cambio de colaborar con la investigación.
A veces, cuando se escucha hablar de corporaciones, da la sensación de que la pertenencia fuera por rama. Es decir, corporación empresaria, política, mediática, judicial o de cualquier otro orden. La realidad es que el sistema de negocios –lícitos y no tanto– necesita asociar personas claves de distintos ámbitos para poder prosperar. En ese sentido, podría decirse que la renovación de vacantes para cubrir cargos en la Justicia tiene claras disposiciones para que el Consejo de la Magistratura proponga candidatos que son elegidos por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. No son pocos los magistrados que formaron parte de cargos en los otros dos poderes.
Por fin, volviendo a las causas que tramitan en los tribunales y que tienen como foco a Amado Boudou, es difícil saber cómo va a terminar. Por de pronto, no es sólo el expediente por Ciccone Calcográfica el que tiene a maltraer al vice. Pero es el que avanzó y por la cual quedó procesado por el juez Ariel Lijo. En esta semana, los siete proyectos de juicio político de distintas bancadas opositoras quedaron sin efecto porque los 17 legisladores del bloque del Frente Para la Victoria que integran la comisión votaron en contra e impusieron su mayoría. El fallo de Lijo será apelado por el vice y tendrá un nuevo capítulo en la sala I de la Cámara Federal, que integran Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Lijo tuvo la causa dos años, es de pensar que la apelación no va a durar tanto, pero sería impensable que, de ratificarse el fallo, el juicio oral quede para después del relevo presidencial. En el barro de la política –y más allá de las consideraciones sobre transparencia y ética pública– las cuentas se hacen por la conveniencia. De momento, el oficialismo muestra su fortaleza sólo en el aspecto de no tener legisladores que se desmarquen de cerrar filas con la Casa Rosada. La pregunta es cómo esto le incide al kirchnerismo en la perspectiva del año y medio de gestión que le queda. El primero y fundamental en el contrato con el voto peronista y no peronista que, de modo fluctuante, le dio al kirchnerismo estos tres mandatos consecutivos. Hay una porción que ve esta historia como un ataque a Cristina, y punto. Otra porción que lo considera como un lado flaco, pero tiende a justificarlo porque cree que los logros pesan mucho más que algún caso de corrupción. Ya hay una porción del voto peronista que tomó distancia y se expresa a través de Sergio Massa y, en menor medida, de otros dirigentes que tomaron distancia del Frente para la Victoria. El interrogante difícil de responder es si el caso Boudou incidirá en la estrategia de Daniel Scioli para mantenerse bien posicionado de cara a las presidenciales. No pocos se preguntan si en el escenario actual aparecerán otros precandidatos que los actuales. Incluso, si de los actuales, dentro de las filas oficialistas, habrá alguno capaz de disputar las PASO con el gobernador bonaerense. Los que disparan sobre el vice esperan dañar en ese espacio donde se encuentran los cristinistas y los sciolistas que, según los sondeos de opinión son una franja importante dentro los cruces que pueden hacerse entre los referentes del Frente para la Victoria. Quedará por verse si los antídotos del oficialismo son suficientes para conjurarlo.
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