jueves, 29 de mayo de 2014

› MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA Otro allanamiento en el caso Vara

El allanamiento fue ordenado por el juez Santiago Martínez de acuerdo al requerimiento del fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro. La causa investiga la ayuda recibida por Vara mientras estuvo prófugo e involucra al arzpobispo de esa ciudad bonaerense, Guillermo José Garlatti.
Mientras permaneció prófugo en Paraguay, Vara extendió un poder para que Bochile cobrara en su nombre todos los meses un beneficio jubilatorio para sacerdotes que se le pagaba a través de la Curia bahiense.
Además del allanamiento concretado ayer, Cantaro -que subroga al fiscal de instrucción Antonio Castaño, de licencia- reiteró esta semana la solicitud del llamado indagatoria de Garlatti y del propio Bochile.
Cantaro pidió que se allanara el domicilio de este último en busca de "documentación que permita establecer de qué modo se le hacía llegar el dinero a Vara y la relación entre el imputado por delitos de lesa humanidad y las personas a las que autorizó a percibirlo".
En la causa, la fiscalía logró acreditar que el prelado percibía cada mes unos 2400 pesos en concepto de "subsidio por edad" para curas mayores de 68 años que paga la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES).
En el pedido de indagatoria, Cantaro señaló que "se encuentra probado en el expediente que Leopoldo Bochile fue designado por Aldo Omar Vara para el cobro del `subsidio FIDES` desde el año 2001", beneficio que siguió percibiendo después de ordenada su captura en agosto de 2013.
La semana pasada, la fiscalía tomó declaración a integrantes de organizaciones de derechos humanos que aportaron la carta oficial que recibieron del Arzobispado el 20 de noviembre pasado, en la que ese organismo afirmaba desconocer el paradero de Vara.
El ex capellán del V Cuerpo del Ejército fue hallado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, el 28 de abril último y se encuentra en proceso de extradición. Su detención había sido ordenada el 7 de agosto de 2013 a pedido de la Unidad Fiscal que interviene en Bahía Blanca en crímenes de lesa humanidad, integrada por José Nebbia y Miguel Palazzani.

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