domingo, 13 de abril de 2014

POLÍTICA • Domingo 13 de Abril de 2014 | 05:25 Ex funcionario del PRO imputado en el caso Beara, a punto de ser juez

 
 
Diego Farrell, director de Habilitaciones porteño cuando sucedió el derrumbe del boliche Beara en el que murieron dos adolescentes, está muy cerca de convertirse en juez. La Legislatura porteña tratará su expediente en dos semanas y si pasa el filtro de la Comisión de Ética y Acuerdos, su pliego para cubrir la vacante de un juzgado Contencioso Administrativo llegará al recinto. Para ser nombrado, Farrell necesita 31 votos. El ex funcionario fue sobreseído en la causa por el desmoronamiento del local bailable, pero la Cámara del Crimen revocó la medida hace más de un año. De todas formas, la jueza del caso, a pesar de los cuatro pedidos del fiscal, nunca lo citó a declarar.
 
Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, murieron el 10 de septiembre de 2010. Ambas habían ido a una fiesta en Beara, y el entrepiso del boliche del barrio de Palermo se derrumbó sobre sus cabezas. La tragedia desnudó una vez más el entramado de corrupción existente en la Dirección de Habilitaciones de la Ciudad. El lugar tenía permiso para realizar fiestas privadas, pero sin embargo funcionaba como un local bailable. Quien dirigía la dirección encargada de elaborar el permiso para que funcionara era Diego Farrell, hijo de Martín Farrell, hasta hace pocos meses juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El funcionario macrista renunció dos meses después de la tragedia, pero en 2012 participó de un concurso para cubrir vacantes en juzgados en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad y quedó en el puesto número 15 del orden de mérito. El año pasado la Legislatura ocupó 14 luagres en tribunales capitalinos, pero la designación de Inés Weinberg de Roca como integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y su remplazo en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por Fabiana Schafrik, abrió una nueva posibilidad para Farrell. 
 
Las comisiones de Ética y Acuerdos y la de Justicia de la Legislatura comenzarán a decidir en pocos días el futuro del ex funcionario macrista. Su expediente, el 565 O-2014, llegó al Parlamento capitalino el 1 de abril pasado y, si no se trata dentro de los 60 días hábiles, el ex funcionario se convertirá automáticamente en juez. "Voy a pedir en cada reunión de justicia y de labor que se debata el pliego y que no se use la aprobación ficta", adelantó Paula Olivetto Lago, legisladora de la Coalición Cívica. La constitución porteña prevé que "los jueces y juezas son designados por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a propuesta del Consejo de la Magistratura (…) La Legislatura (…) debe pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, excluido el receso legislativo. Si vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado, se considera aprobada la propuesta." Para la ex auditora "es un mal antecedente que el nombramiento de un juez se apruebe sin debate y sin escuchar a los padres de las víctimas. El camino corto del no debate es el que peor le hace a las instituciones y a la República." Sin el apoyo del macrismo es imposible que Farrell se convierta en juez. "Todo lo que entró en la junta ética se trató en tiempo y forma", aseguró Jorge Garayalde, diputado del PRO y presidente de la Comisión de Ética y Acuerdos. "Tenemos sesenta días, en diez o quince se trata el tema", precisó. "Podemos confirmar o denegar la postulación. Nuestra misión consiste en ver la idoneidad de la persona postulada para el cargo. Se analiza su currículum y luego se elaboran los dictámenes de mayoría y minoría", explicó el legislador. Garayalde anticipó que habrá una audiencia pública "donde puede anotarse todo el mundo. Luego pasa al cuerpo legislativo y se vota." Desde la jefatura de su bloque, no pudieron dar demasiadas precisiones sobre el tema. "Todavía no lo hemos tratado", aseveró Carmen Polledo en relación con el apoyo a la designación de Farrell. Un dirigente que suele mantener el bajo perfil deslindó de responsabilidades al Parlamento porteño. "Acá se tiene que hacer cargo el Ejecutivo, es una cuestión de ellos", confesó el legislador, a sabiendas del escándalo que provocará la designación de Farrell. Un hombre que camina desde hace tiempo los pasillos de la ex Fundación Eva Perón aclaró que la decisión de la Comisión de Ética no deberá guardar relación con el accionar judicial necesariamente. "Es un juzgamiento ético y moral, es político. No jurídico", recordó.
 
Farrell recibió una excelente noticia. La jueza que instruye la causa Beara, Alicia Iermini, le dictó el sobreseimiento, al igual que al resto de los funcionarios que estaban siendo investigados por el derrumbe.
Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad aclararon que el pliego de Farrell no contó con el apoyo del presidente Juan Manuel Olmos. Incluso trascendió que "El gordo" envió cartas a varios legisladores recomendando que no aprobaran el nombramiento del ex director de Habilitaciones. De todas formas, su camino para ocupar uno de los juzgados porteños estuvo marcado por la buena fortuna. Poco tiempo antes de que el Consejo de la Magistratura elaborara las listas de aspirantes para enviarlas a la Legislatura, Farrell recibió una excelente noticia. La jueza que instruye la causa Beara, Alicia Iermini, le dictó el sobreseimiento, al igual que al resto de los funcionarios que estaban siendo investigados por el derrumbe. Lo curioso es que la magistrada hizo caso omiso de los cuatro pedidos del fiscal Andrés Madrea para llamar a declarar a Farrell y a los demás empleados de Habilitaciones. "Estoy pidiendo la indagatoria desde hace cuatro años y aún no hay una respuesta positiva de la jueza", le dijo a Tiempo Argentino el fiscal.
 
En 2013 la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento que favorecía a los investigados y un año después, en un disco rígido que no había sido peritado, aparecieron nuevas pruebas y escuchas telefónicas que indicaban el pago coimas para habilitar el boliche e incluso mencionaban a Farrell como parte del entramado, pero todavía ni el director de Habilitaciones ni ningún otro de los funcionarios pasó por tribunales.
 
En 2012 Iermini estuvo a las puertas de ser enjuiciada en el Consejo de la Magistratura por su desempeño en la causa del asesinato de Walter Bullacio, pero el voto del consejero abogado y hombre del PRO Alejandro Fargosi –y las ausencias de otros miembros del Consejo– le evitó un mal trago. "Fargosi la salvó a Iermini en el Consejo de la Magistratura, por eso nunca va contra funcionarios del PRO", analizó una fuente con acceso al expediente de Beara

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