Es inevitable arrancar por el resultado del paro convocado por el sindicalismo opositor al Gobierno. Ni los dirigentes que lo lideraron ni las demandas son creíbles. Luis Barrionuevo, Hugo Moyano y Pablo Micheli no hicieron unidad en la acción sino un acuerdo de ocasión con el propósito de poner en aprietos a los gremios que dialogan con el Gobierno y para marcar posición de acá a las elecciones de 2015. No parece sensato que Sergio Massa haya tenido protagonismo, más bien Héctor Daer, que es al mismo tiempo diputado del Frente Renovador y parte de la CGT de Antonio Caló, muestra la complejidad del mapa sindical argentino. Es probable que Barrionuevo y Moyano, cada cual por su lado, vean lo dificultoso que les resultará formar parte de las listas legislativas del año próximo. El sindicalismo argentino está devaluado ante la opinión pública y también frente a las bases de los trabajadores. Para no quedar fuera del juego de la realpolitik, varios líderes sindicales saben que la presión es un arma valiosa. Como los banqueros saben que lo es el dinero. Y los jueces federales el tener guardada una causa o emitir un fallo. Se trata del poder real de las corporaciones. Y, a tres décadas de democracia y una de kirchnerismo, la dirigencia política está también imbricada en ese juego de dirigentes que se reciclan y renuevan sus bancas o bien ocupan lugares estratégicos en las administraciones provinciales y nacionales. Antes de volver al paro, algo similar sucede con las agencias de seguridad, que en estos días lograron estar en la agenda como si decenas de allanamientos simultáneos o miles de policías de la Bonaerense reincorporados fueran parte de una solución meditada que permita hacer frente a una demanda cada vez más extendida y a la vez frenética de parte de la también corporación mediática, que se hace eco de las miles y miles de personas que a diario sufren delitos violentos por parte de grupos o de individuos marginales.
El paro del jueves 10 deja un sabor amargo. Hay paritarias libres en el país. No caben dudas de que, en no más de un mes, cuando estén encaminadas una decena de convenciones colectivas más, habrá un reajuste del piso del mínimo no imponible. Cuando a fines de agosto de 2014 la Presidenta anunció el nuevo piso para pagar la cuarta categoría de Ganancias –fijado en $15.000 de salario bruto; es decir, antes de los descuentos–, solo un 10% de los asalariados registrados quedaron incluidos en ese impuesto. Los aumentos del orden del 30% que están pactando la mayoría de los gremios indican que el nuevo piso tendrá en cuenta esta variación de las escalas salariales. Y lo mismo debería suceder con las asignaciones familiares y probablemente con la Asignación Universal por Hijo.
Es evidente que para no alimentar presiones inflacionarias, los ministros de distintas carteras –Jefatura de Gabinete, Economía y Trabajo fundamentalmente– van quemando etapas para evitar exceso de congestión. Ahora bien, es preciso advertir que la cintura evidenciada por el Gobierno en lo que va del año no alcanza para que el oficialismo evite los conflictos o saque rédito de sus resoluciones. Es difícil hacer análisis contrafácticos y saber si, por ejemplo, el resultado de la paritaria docente –tanto la nacional como la bonaerense– hubiera sido distinto, sin tantas dilaciones y días de clase perdidos. El kirchnerismo no tenía mucho para ofrecer a los reclamos de Barrionuevo, Moyano y Micheli. Pagó un costo por la parálisis del jueves porque le cuesta tener la iniciativa, producto no tanto de un cambio de la relación de fuerzas con otros espacios políticos sino más bien como resultado de un escenario económico, social y también de la cultura de la vida cotidiana bastante más complejo y preocupante de lo que muestran la mayoría de los relatos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Es preciso ser cuidadosos a la hora del análisis, pero los números son indicativos. El sector privado no genera puestos de trabajo desde hace seis años. El porcentaje de trabajadores en negro sigue clavado en un tercio de la población económicamente activa. La batería de medidas que el Gobierno implementó entre noviembre de 2011 y principios de este año, principalmente el cepo cambiario y la imposibilidad de remitir utilidades a las empresas transnacionales, no dieron resultado. Aunque se paró la fuga de capitales por motivos de atesoramiento y de envío de remesas, como contrapartida los dólares salieron por otros motivos y entorpecieron el ingreso de inversiones.
A lo anterior, se sumaron al manejo discrecional de las estadísticas oficiales y terminaron dejando un país con muchos problemas reales. Y a esos problemas, inflación, falta de inversiones y fuga de dólares, fue en paralelo la falta de críticas por parte de la mayoría de los dirigentes y comunicadores oficialistas que aceptaron el juego de no hablar de ciertas realidades porque eran políticamente inconvenientes. El precio también fue caro: al oportunismo de ciertos peronistas que fugaron al Frente Renovador se sumó la inexistencia de debates al interior de muchas agrupaciones kirchneristas.
En ese sentido, cabe destacar que tras el paro, el Gobierno debe dialogar con todos los dirigentes gremiales y no hacer diferencias, como lo viene haciendo, entre quienes van a los actos oficiales y quienes comulgan con otros dirigentes o con ninguno. Parte del desquicio es que la Argentina tiene una legislación que privilegia el sindicato por rama de actividad pero que en la práctica eso no se cumple. Y no da resultado el diálogo en función de la adhesión partidaria. La UTA, el gremio de los colectiveros dirigido por Roberto Fernández, fue clave en este paro. También La Fraternidad, a cuya cabeza está Omar Maturano. Ambos gremios estuvieron por años dentro del espacio del kirchnerismo. Y, en buena medida, no solo por razones estrictamente sindicales sino por un espacio oscuro –claramente corporativo– de los subsidios y negocios en el negocio ferroviario y de transporte terrestre de pasajeros. Es más, cuando se partió la CGT, estos dos gremios prefirieron quedarse con Caló. Y sin esos dos gremios el paro del jueves pasado hubiera sido imposible. Da la impresión de que la llegada de Florencio Randazzo al Ministerio de Transporte trajo aparejados cambios que el ciudadano de a pie y el asalariado que confía en su sindicato no saben con precisión, pero que perciben con cansancio.
Pero estos cambios de postura de los dirigentes gremiales también van en la otra dirección. Por caso, Guillermo Pereyra –de Petroleros y Gas Privados de la estratégica seccional de Río Negro, Neuquén y La Pampa– ahora senador por el Movimiento Popular Neuquino, es el número dos de la CGT de Moyano y al mismo tiempo un interlocutor importante en la nueva política de YPF. Una vez más, los intereses corporativos son los que guían la política. Ni los popes sindicales, ni los empresarios ni los gobernadores o funcionarios de áreas de energía dicen públicamente cómo son esas fórmulas.
Cabe preguntarse, antes de pasar a otro tema, si se pueden cambiar estos manejos oscuros, a los que debería agregarse sin duda el importante dinero que manejan las obras sociales y la deuda que acumula el Estado con esas obras sociales. La respuesta no es simple: en una década se llevaron a cabo miles de paritarias de modo más que transparente y, aunque bajó en relación con otras épocas, el nivel de sindicalización en la Argentina es mucho más elevado que en la mayoría de los países latinoamericanos. Esos puntos fuertes no son para nada suficientes como para desconocer el daño que hace el doble estándar en la política y el sindicalismo.
El paro del jueves 10 deja un sabor amargo. Hay paritarias libres en el país. No caben dudas de que, en no más de un mes, cuando estén encaminadas una decena de convenciones colectivas más, habrá un reajuste del piso del mínimo no imponible. Cuando a fines de agosto de 2014 la Presidenta anunció el nuevo piso para pagar la cuarta categoría de Ganancias –fijado en $15.000 de salario bruto; es decir, antes de los descuentos–, solo un 10% de los asalariados registrados quedaron incluidos en ese impuesto. Los aumentos del orden del 30% que están pactando la mayoría de los gremios indican que el nuevo piso tendrá en cuenta esta variación de las escalas salariales. Y lo mismo debería suceder con las asignaciones familiares y probablemente con la Asignación Universal por Hijo.
Es evidente que para no alimentar presiones inflacionarias, los ministros de distintas carteras –Jefatura de Gabinete, Economía y Trabajo fundamentalmente– van quemando etapas para evitar exceso de congestión. Ahora bien, es preciso advertir que la cintura evidenciada por el Gobierno en lo que va del año no alcanza para que el oficialismo evite los conflictos o saque rédito de sus resoluciones. Es difícil hacer análisis contrafácticos y saber si, por ejemplo, el resultado de la paritaria docente –tanto la nacional como la bonaerense– hubiera sido distinto, sin tantas dilaciones y días de clase perdidos. El kirchnerismo no tenía mucho para ofrecer a los reclamos de Barrionuevo, Moyano y Micheli. Pagó un costo por la parálisis del jueves porque le cuesta tener la iniciativa, producto no tanto de un cambio de la relación de fuerzas con otros espacios políticos sino más bien como resultado de un escenario económico, social y también de la cultura de la vida cotidiana bastante más complejo y preocupante de lo que muestran la mayoría de los relatos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Es preciso ser cuidadosos a la hora del análisis, pero los números son indicativos. El sector privado no genera puestos de trabajo desde hace seis años. El porcentaje de trabajadores en negro sigue clavado en un tercio de la población económicamente activa. La batería de medidas que el Gobierno implementó entre noviembre de 2011 y principios de este año, principalmente el cepo cambiario y la imposibilidad de remitir utilidades a las empresas transnacionales, no dieron resultado. Aunque se paró la fuga de capitales por motivos de atesoramiento y de envío de remesas, como contrapartida los dólares salieron por otros motivos y entorpecieron el ingreso de inversiones.
A lo anterior, se sumaron al manejo discrecional de las estadísticas oficiales y terminaron dejando un país con muchos problemas reales. Y a esos problemas, inflación, falta de inversiones y fuga de dólares, fue en paralelo la falta de críticas por parte de la mayoría de los dirigentes y comunicadores oficialistas que aceptaron el juego de no hablar de ciertas realidades porque eran políticamente inconvenientes. El precio también fue caro: al oportunismo de ciertos peronistas que fugaron al Frente Renovador se sumó la inexistencia de debates al interior de muchas agrupaciones kirchneristas.
En ese sentido, cabe destacar que tras el paro, el Gobierno debe dialogar con todos los dirigentes gremiales y no hacer diferencias, como lo viene haciendo, entre quienes van a los actos oficiales y quienes comulgan con otros dirigentes o con ninguno. Parte del desquicio es que la Argentina tiene una legislación que privilegia el sindicato por rama de actividad pero que en la práctica eso no se cumple. Y no da resultado el diálogo en función de la adhesión partidaria. La UTA, el gremio de los colectiveros dirigido por Roberto Fernández, fue clave en este paro. También La Fraternidad, a cuya cabeza está Omar Maturano. Ambos gremios estuvieron por años dentro del espacio del kirchnerismo. Y, en buena medida, no solo por razones estrictamente sindicales sino por un espacio oscuro –claramente corporativo– de los subsidios y negocios en el negocio ferroviario y de transporte terrestre de pasajeros. Es más, cuando se partió la CGT, estos dos gremios prefirieron quedarse con Caló. Y sin esos dos gremios el paro del jueves pasado hubiera sido imposible. Da la impresión de que la llegada de Florencio Randazzo al Ministerio de Transporte trajo aparejados cambios que el ciudadano de a pie y el asalariado que confía en su sindicato no saben con precisión, pero que perciben con cansancio.
Pero estos cambios de postura de los dirigentes gremiales también van en la otra dirección. Por caso, Guillermo Pereyra –de Petroleros y Gas Privados de la estratégica seccional de Río Negro, Neuquén y La Pampa– ahora senador por el Movimiento Popular Neuquino, es el número dos de la CGT de Moyano y al mismo tiempo un interlocutor importante en la nueva política de YPF. Una vez más, los intereses corporativos son los que guían la política. Ni los popes sindicales, ni los empresarios ni los gobernadores o funcionarios de áreas de energía dicen públicamente cómo son esas fórmulas.
Cabe preguntarse, antes de pasar a otro tema, si se pueden cambiar estos manejos oscuros, a los que debería agregarse sin duda el importante dinero que manejan las obras sociales y la deuda que acumula el Estado con esas obras sociales. La respuesta no es simple: en una década se llevaron a cabo miles de paritarias de modo más que transparente y, aunque bajó en relación con otras épocas, el nivel de sindicalización en la Argentina es mucho más elevado que en la mayoría de los países latinoamericanos. Esos puntos fuertes no son para nada suficientes como para desconocer el daño que hace el doble estándar en la política y el sindicalismo.
La Bonaerense. Nadie puede dudar que el mensaje de Daniel Scioli, una semana atrás, decretando la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, fue bien recibido por buena parte de la sociedad. La angustia generada por el incremento real –pero sobre todo mediático– de delitos violentos fue el contexto en el cual el gobernador –y aspirante a la Casa Rosada– tomó cartas directas en la cuestión de la seguridad. Ahora bien, así como en alguna oportunidad las emergencias o cambios en seguridad fueron impulsados por crímenes complejos, esta vez la gota que colmó el vaso fue la repetición de golpizas a supuestos delincuentes que, en un caso y en la ciudad de Rosario, terminó con la muerte de un joven. Al respecto, vale la pena subrayar cómo se expresó el Papa Francisco sobre este caso, porque marca una clara diferencia de las políticas centradas en la saturación policial. “Sentí las patadas en el alma”, dijo el Papa en una carta que llama a la reflexión.
Sin perjuicio de la reacción temprana de Scioli ante un escenario de hartazgo de buena parte de la sociedad, una semana antes de la emergencia, la Procuración General de la provincia difundió una cifra sobre homicidios dolosos en el territorio bonaerense: en el primer semestre de 2013 fueron asesinadas 725 personas. Comparado con el mismo período de 2013 significa un aumento del 20%. Resulta un alerta y convoca a tomar medidas, sin dudas. Sin embargo, las estadísticas no muestran una espiral de asesinatos, ya que la cifra de homicidios de ese primer semestre de 2013 es similar a los homicidios de la primera mitad de 1992, 1997 y 2003, de acuerdo con información brindada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En efecto, el pasado viernes, especialistas del CELS encabezados por Gastón Chillier y Paula Litchavsky brindaron información útil para analizar la cuestión de la “emergencia”. Se supone que la información precisa debería servir para entender un salto grave en materia delictiva. Al respecto, precisaron que hay un fuerte retroceso en la producción de estadísticas criminales. Desde 2009, el sistema nacional no dispone de estadísticas del distrito bonaerense pese a que en ese territorio se cometen alrededor del 44% de los delitos del país. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público y el de Seguridad producen sus estadísticas con criterios diferentes a los del equipo que trabaja en Justicia de la Nación. La consecuencia es que hay precariedad por incompatibilidades de procedimiento. El viernes La Nación publicaba un artículo donde se destaca que si bien Latinoamérica encabeza los homicidios violentos en el mundo, Chile, Cuba y la Argentina tienen los indicadores más bajos de la región. La nota aclara que desde 2010 faltan datos de Argentina.
Podrá decirse que es evidente el crecimiento de los delitos de calle, que tienen más violencia, que la droga hace estragos, que hay jóvenes temerarios e infinidad de cuestiones evidentes. Ahora bien, la emergencia permite tomar decisiones sin necesidad de un debate parlamentario previo. La emergencia permite, tal como informó Scioli, aumentar significativamente el presupuesto del área. Y, además, que las contrataciones o compras se hagan con agilidad, de modo directo, sin licitación y con auditorías ex post.
Pero la falta de estadísticas precisas y los procedimientos urgentes, el tema es que las anteriores emergencias también fueron llamadas por la administración de Scioli y en todas ellas primó el mismo criterio: endurecimiento penal, sobre todo en lo concerniente a libertades condicionales, salidas transitorias y otros aspectos de la ejecución penal así como a la saturación policial. Se centra en los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y no incursiona en los delitos complejos donde las bandas criminales tienen vínculos o integrantes en las filas de los uniformados, funcionarios políticos, judiciales o de las fiscalías. Ni siquiera para prevención, porque hay casos clarísimos en Córdoba capital y sobre todo en Rosario, donde la semana pasada se realizaron operativos simultáneos con fuerzas nacionales y provinciales, con presencia de fiscales federales que instruyeron los procedimientos.
La mayoría de las modificaciones en el distrito bonaerense, con la excepción de las dos gestiones de León Arslanian al frente de Seguridad, fueron en la dirección de la autonomía policial y el aumento de policías en calle. Nunca se dieron balances que permitan entender cuáles fueron los logros de esas políticas. En cambio, las veces que se interpeló el accionar policial, la Gobernación relativizó la importancia de mejorar la conducción política democrática de la Bonaerense. La comisión parlamentaria que investigó el caso Candela, la investigación de la desaparición de Luciano Arruga y más recientemente el juicio oral por los crímenes de dos pibes cuando se descarriló un tren en el barrio La Cárcova, son algunos indicadores de excesos policiales o de crímenes con complicidad policial.
El documento “Un Estado presente no es un Estado violento - Aportes para una respuesta democrática y efectiva al delito y la violencia” no solo sirve para aquellos periodistas que salgan del escándalo nuestro de cada día, sino que es una contribución a los legisladores, fiscales, jueces, jefes policiales y civiles que trabajan en áreas de seguridad.
Sin perjuicio de la reacción temprana de Scioli ante un escenario de hartazgo de buena parte de la sociedad, una semana antes de la emergencia, la Procuración General de la provincia difundió una cifra sobre homicidios dolosos en el territorio bonaerense: en el primer semestre de 2013 fueron asesinadas 725 personas. Comparado con el mismo período de 2013 significa un aumento del 20%. Resulta un alerta y convoca a tomar medidas, sin dudas. Sin embargo, las estadísticas no muestran una espiral de asesinatos, ya que la cifra de homicidios de ese primer semestre de 2013 es similar a los homicidios de la primera mitad de 1992, 1997 y 2003, de acuerdo con información brindada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En efecto, el pasado viernes, especialistas del CELS encabezados por Gastón Chillier y Paula Litchavsky brindaron información útil para analizar la cuestión de la “emergencia”. Se supone que la información precisa debería servir para entender un salto grave en materia delictiva. Al respecto, precisaron que hay un fuerte retroceso en la producción de estadísticas criminales. Desde 2009, el sistema nacional no dispone de estadísticas del distrito bonaerense pese a que en ese territorio se cometen alrededor del 44% de los delitos del país. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público y el de Seguridad producen sus estadísticas con criterios diferentes a los del equipo que trabaja en Justicia de la Nación. La consecuencia es que hay precariedad por incompatibilidades de procedimiento. El viernes La Nación publicaba un artículo donde se destaca que si bien Latinoamérica encabeza los homicidios violentos en el mundo, Chile, Cuba y la Argentina tienen los indicadores más bajos de la región. La nota aclara que desde 2010 faltan datos de Argentina.
Podrá decirse que es evidente el crecimiento de los delitos de calle, que tienen más violencia, que la droga hace estragos, que hay jóvenes temerarios e infinidad de cuestiones evidentes. Ahora bien, la emergencia permite tomar decisiones sin necesidad de un debate parlamentario previo. La emergencia permite, tal como informó Scioli, aumentar significativamente el presupuesto del área. Y, además, que las contrataciones o compras se hagan con agilidad, de modo directo, sin licitación y con auditorías ex post.
Pero la falta de estadísticas precisas y los procedimientos urgentes, el tema es que las anteriores emergencias también fueron llamadas por la administración de Scioli y en todas ellas primó el mismo criterio: endurecimiento penal, sobre todo en lo concerniente a libertades condicionales, salidas transitorias y otros aspectos de la ejecución penal así como a la saturación policial. Se centra en los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y no incursiona en los delitos complejos donde las bandas criminales tienen vínculos o integrantes en las filas de los uniformados, funcionarios políticos, judiciales o de las fiscalías. Ni siquiera para prevención, porque hay casos clarísimos en Córdoba capital y sobre todo en Rosario, donde la semana pasada se realizaron operativos simultáneos con fuerzas nacionales y provinciales, con presencia de fiscales federales que instruyeron los procedimientos.
La mayoría de las modificaciones en el distrito bonaerense, con la excepción de las dos gestiones de León Arslanian al frente de Seguridad, fueron en la dirección de la autonomía policial y el aumento de policías en calle. Nunca se dieron balances que permitan entender cuáles fueron los logros de esas políticas. En cambio, las veces que se interpeló el accionar policial, la Gobernación relativizó la importancia de mejorar la conducción política democrática de la Bonaerense. La comisión parlamentaria que investigó el caso Candela, la investigación de la desaparición de Luciano Arruga y más recientemente el juicio oral por los crímenes de dos pibes cuando se descarriló un tren en el barrio La Cárcova, son algunos indicadores de excesos policiales o de crímenes con complicidad policial.
El documento “Un Estado presente no es un Estado violento - Aportes para una respuesta democrática y efectiva al delito y la violencia” no solo sirve para aquellos periodistas que salgan del escándalo nuestro de cada día, sino que es una contribución a los legisladores, fiscales, jueces, jefes policiales y civiles que trabajan en áreas de seguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario