La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este lunes la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para eximir al biodiesel nacional del pago del Impuesto a los Combustibles, que tendrá una vigencia temporal hasta tanto la Unión Europea revise sus actuales restricciones a la producción argentina.
El anuncio fue realizado en ocasión de la inauguración de la nueva planta de molienda de soja del consorcio industrial Renova, en la localidad santafesina de Timbúes, que será la más grande del mundo por su capacidad de procesamiento de unas 20.000 toneladas de granos por día.
El proyecto, que ingresará al Congreso a través de la Cámara de Diputados por ser la iniciadora en temas tributarios, prevé modificar el impuesto adicional al gasoil (Ley 26.028), de manera que la alícuota del 22% no sea aplicable al biodiesel destinado a la generación eléctrica, explicó la jefa del Estado.
También se prevé eximir de la alícuota del 19% del impuesto a los combustibles líquidos, retrotrayendo la situación a noviembre de 2011.
Esta última medida fue un compromiso que la Presidenta asumió en su última reunión con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) ante las dificultades que atraviesa el sector.
"Si no bajamos este impuesto aumentaría el precio del combustible, y tenemos que equilibrarlo para que las petroleras no lo carguen al consumidor ni vean incrementar sus costos. Por eso vamos a hacer una serie de retoques puntuales a la Ley de Impuesto a los Combustibles", explicó Cristina.
Esta medida se va implementar "en forma temporal y condicionado al tiempo que se mantenga la restricción por parte de la Unión Europea al ingreso de biodiesel argentino", enfatizó la Presidenta durante su discurso en Casa de Gobierno y tras la firma del proyecto de ley.
Para ello, la Argentina interpuso un panel ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar esta medida de dumping contra los productos argentinos, en particular el biodiesel, que se enmarca en lo que denominó "una verdadera guerra comercial" a nivel internacional.
Esta modificación tributaria específica, explicó Cristina, busca responder a "la situación que atraviesan las 33 plantas de biodiesel que emplean a más de 1.600 trabajadores, y que se construyeron casi en su totalidad desde 2003, bajo la Ley de Promoción de Energías no Renovables".
"A partir de las maniobras de dumping que realiza Europa, de la que fuimos en algún momento el primer exportador, nos prohíben el ingreso de biodiesel argentino porque somos muy competitivos y mucho más baratos que el que producen los europeos", detalló.
Para atenuar el perjuicio que la industria de biodiesel viene registrando por las restricciones que en un principio aplicó España y luego extendió la Unión Europea, la presidenta destacó que el Gobierno entabló un panel ente la Organización Mundial de Comercio, por "estas maniobras francamente en contra de toda normativa comercial internacional".
La Cancillería pidió la conformación de un panel contra la UE ante el Organo de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, con el objetivo de revertir el escenario comercial actual.
Aunque la UE rechazó una primera solicitud de Argentina, se espera que el segundo pedido cursado permita formalizar la constitución del panel en la próxima reunión del OSD, el próximo jueves.
La producción local de biodiesel cumple desde sus inicios con todos los requisitos fijados por la Unión Europea, y desde 2009, la Argentina es el principal país proveedor de biodiesel al mercado europeo.
En 2011, las exportaciones a ese mercado totalizaron 1.847 millones de dólares, representando el 13% de las exportaciones argentinas totales al mercado comunitario.
De manera que las restricciones impuestas por la UE repercuten directa y negativamente en la balanza comercial argentina, y afectan a productores de toda la cadena.
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