lunes, 11 de marzo de 2013

"El Consejo de la Magistratura está en una etapa de crisis"

El presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, aportó su visión a la discusión sobre la democratización de la Justicia. En ese sentido, hizo un balance acerca del funcionamiento del órgano que preside, opinó sobre el uso de las cautelares y la independencia juidicial. Por Nahuel Placanica I AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué rol cumple en Consejo de la Magistratura? ¿Cómo es su funcionamiento? Mario Fera: El Consejo de la Magistratura es un órgano creado por nuestra Constitución en la reforma de 1994 dentro del capítulo del Poder de la Nación. Es un órgano del Poder Judicial. Tiene la particularidad de que está integrado por distintos miembros, 13 en este momento, provenientes de distintos estamentos. Tres de esos miembros somos Magistrados, yo, soy Juez Nacional de Apelaciones de la Cámara de Trabajo. Las funciones principales que tiene el Consejo de la Magistratura, como organismo permanente del Poder Judicial, son básicamente cuatro. Por un lado, seleccionar postulantes a jueces. Tramitamos concursos, admitimos ternas y las remitimos al Poder Ejecutivo para que de esa terna elija quién va a ser el mejor candidato a juez. El Ejecutivo la remite al Senado, y si el éste le da el acuerdo, el Poder Ejecutivo dicta el decreto correspondiente. La segunda misión que tenemos es ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados. Tenemos una comisión que se encarga de tramitar los procesos disciplinarios frente a las denuncias que promueva cualquier ciudadano que haya sido perjudicado por la conducta de magistrados siendo susceptible al encuadramiento en la causa. Si nosotros advertimos en ese procedimiento que la causal es muy grave, nos transformamos en acusadores ante un tribunal de enjuiciamiento que es otro órgano previsto por la Constitución Nacional. Es un órgano que se conforma ad hoc para resolver los casos que lleguen a juicio político. La tercera misión es la administración del Poder Judicial de la Nación y Federal. Nos encargamos de todos los insumos económicos, la parte de infraestructura y tecnología del Poder Judicial. Ante el Consejo de la Magistratura se tramitan todos los pedidos de la Justicia Nacional. Tenemos la administración de los centenares de edificios que están en Poder Judicial y todas las obras que se están realizando, así como todos los avances tecnológicos. La administración general la ejercemos en conjunto con la Corte Suprema pero es una misión específicamente atribuida por la Constitución al Consejo de la Magistratura. La cuarta, son las facultades reglamentarias que tenemos y que también la establece la Constitución. Dictamos los reglamentos que sean necesarios para la mejor organización de la justicia y para garantizar la independencia judicial. Esa tarea también es ejercida conjuntamente con la Corte Suprema porque después de la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema conserva en su rol de cabeza del Poder Judicial, una facultad reglamentaria y según los temas se ejerce separado conjuntamente con el Consejo de la Magistratura. APU: ¿Qué balance hace del funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde su creación en el 94? MF: El Consejo de la Magistratura tiene de funcionamiento aproximadamente 15 años, es una institución joven dentro de nuestra vida histórica. En esos 15 años, se demoró unos primeros años para ponerlo en funcionamiento. Funciona desde noviembre del 98 y va a cumplir 15 años en noviembre de este año. En el año 2006 la ley tuvo una reforma: primero, estuvo integrado por 20 miembros, ahora lo está por 13. Todos estos años que pasaron, a pesar de su corta vida, tuvo distintas etapas. Las primeras estaban caracterizadas por definir cuál era su lugar dentro del Poder Judicial. Tuvo una etapa de fricción muy importante con la Corte Suprema hasta que los dos organismos se fueron acomodando. Finalmente la Corte Suprema tras distintas decisiones, puso en claro que su rol de cabeza del Poder Judicial había quedado intacto pese a la reforma constitucional y el Consejo de la Magistratura quedó ubicado como un organismo que tiene competencias específicas y exclusivas atribuidas por la Constitución como la selección de magistrados y las facultades disciplinarias. El resto de las competencias, la administración y la reglamentaria están repartidas con la Corte. Es una institución joven dentro del país, es difícil hoy hacer un balance pero hubo algunas etapas claves que atravesó el Consejo y que fueron marcando los distintos pasos. Hoy nos encontramos en una etapa que podríamos llamar, “crisis”. Hay una gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial y en los últimos meses tuvimos algunos inconvenientes de orden político institucional que nos impidió terminar con algunos concursos. Eso dio lugar a una serie de cuestionamientos acerca del efectivo funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Quedó a la vista que se trata de un órgano demasiado deliberativo y en algunos puntos quizás muy politizado. Esa politización muchas veces genera cierta parálisis o cierta dificultad para andar a la velocidad que esta sociedad necesita que el consejo funcione. Este año, 2013, me toca asumir la presidencia, desde febrero hasta febrero del año que viene. Me propuse como una de las primeras políticas a adoptar, recomponer el diálogo entre los consejeros que de alguna manera se vio deteriorado por lo que pasó en los últimos meses. De alguna manera se está logrando poder avanzar en los trámites que nos quedaron pendientes y que tienen alguna demora. Tenemos que dedicarnos fuertemente a las incumbencias exclusivas que tenemos, como la selección de candidatos a jueces y ejercicio de las facultades disciplinarias. Tenemos muchas vacantes en el Poder Judicial y la sociedad está reclamando que nosotros produzcamos las ternas, para eso se necesita darle mayor agilidad al concurso. En materia disciplinaria tenemos muchas cantidades de denuncias, cerca de 400 denuncias de los menos de mil magistrados que hay en la ciudad y federal en todo el país. Es una cantidad proporcionalmente muy significativa. Conversé con los presidentes de las comisiones de disciplina para poder agilizar los trámites en las dos comisiones. Y en materia de administración pienso hacer un fuerte trabajo como lo hice en la primera presidencia que me tocó en el año 2011, atendiendo requerimientos de infraestructura que tenemos muchos en todo el país, atendiendo temas de tecnología. En esto estamos avanzando muy fuertemente con la Corte Suprema en lo que es el nuevo software, programa de gestión del Poder Judicial de la Nación que ya estamos instalando y tenemos pensado tenerlo listo para los primeros meses del año que viene. En esto dimos un paso muy importante porque estamos modernizando el Poder Judicial en lo que es la gestión de los expedientes, tendiendo a lo que es el expediente digital, incorporando todas las nuevas tecnologías y entre ellas, estoy impulsando el tema de la rectificación electrónica. Además de otras herramientas que van a permitir que en los próximos años veamos los frutos porque va a cambiar mucho el desarrollo de las causas judiciales. APU: Una de las propuestas que empezó a surgir fue la posibilidad de que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular. Está en discusión si es constitucional o inconstitucional. ¿Cómo ve esta iniciativa? ¿Se pueden realizar cambios? MF: La Presidenta de la Nación expresó algunas ideas con relación a la necesidad de cambios en el Poder Judicial que creo que son bienvenidas en la medida en que puedan propender a la mejora. En este sentido creo que tenemos que estar abiertos a lo que la titular del Poder Ejecutivo está expresando. De la misma manera lo que se avance en el ámbito del Poder Legislativo como expresión de otro poder político que también representa la voluntad popular, es necesario que sea escuchado y canalizado dentro del Poder Judicial porque esto de algún modo expresa lo que es el sentir social. Creo que las propuestas y en particular, la de la elección por el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, plantea un desafío dentro del Poder Judicial porque es una innovación y tenemos que esperar ver el proyecto completo que va a materializar esta idea como para poder dar una opinión seria al respecto. En lo que hace a la institucionalidad del proyecto, puede haber una ley en este sentido que reglamente la cláusula de la Constitución, que es concretamente el artículo 114 y es el que establece la integración y los modos de integración del Consejo de la Magistratura. Pienso que es necesario esperar el proyecto, no estoy en condiciones de descartar de plano desde el punto de vista constitucional, la idea expresada por la Presidenta de la Nación. La integración y la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura tiene distintos matices y no se puede juzgar en abstracto o sin conocer el proyecto en base al cual se va a materializar la idea. Creo que es bienvenida la idea de que la sociedad pueda tener alguna participación en el funcionamiento y la integración en el Consejo de la Magistratura. Esto a la vez tiene que ser acompañado por una mayor responsabilidad de la sociedad mediante los mecanismos que permitan una mayor cultura cívica. Es importante que la sociedad pueda conocer qué es el Consejo de la Magistratura, cómo actúa, quiénes lo integran, qué perfil tienen que tener sus integrantes. Que la sociedad comience a asumir la idea de qué perfil es necesario que tengan los jueces. Esto plantea una interacción con la sociedad, que le genera una mayor responsabilidad. En este sentido tomando en cuenta el equilibrio del cual tenemos que transitar para que cualquier reforma legal pueda tener una mejora, tenemos que acompañar los debates que puedan surgir y enriquecerlos. No hay que descartar que hay un proceso de reforma que surgió dentro del Poder judicial, hace más de 5 años. A partir del cambio de integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el liderazgo que asumió en concreto la Corte, no sólo del Poder Judicial de la Nación, sino del resto de los Poderes Judiciales locales y provinciales. Hay que aclarar y esto es bueno que la sociedad conozca, que en Argentina coexisten 25 poderes judiciales, el de la Nación y el resto de los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Corte Suprema en este sentido adoptó un liderazgo y promovió una serie de cambios que ya estamos viendo y son palpables por la sociedad. En su momento, yo desde mi rol de Juez, de camarista y hoy como Presidente de la Magistratura, acompaño y trato de que ese proyecto se concrete, se desarrolle, se profundice, Apuntó a darle al Poder Judicial, políticas propias como poder del Estado a través de lo que fue el desarrollo del Centro de Información Judicial que es una agencia de noticias del Poder Judicial mediante la cual la sociedad puede conocer al instante las noticias y las decisiones más importantes que se toman en el Poder Judicial, no sólo el de la nación, sino también los provinciales. La Corte suprema desarrollo también las conferencias nacionales de jueces que son ámbitos en los que periódicamente se discute acerca de los poderes internos del Poder Judicial y de las necesidades de cambio. Ahí se adoptaron conclusiones que después se materializaron en acciones concretas lideradas por la Corte Suprema. Creó también una oficina para atender problemas sociales como la violencia doméstica. La oficina de la mujer para todo lo que tiene que ver con las discriminaciones de género. Y una serie más de acciones que hoy nosotros dentro del Poder Judicial estamos palpando. Por ejemplo, la interacción del Poder Judicial y los poderes provinciales, el contacto de la Corte Suprema con las instancias anteriores a la Corte, también la apertura al trabajo conjunto con la magistratura. Cuando fui presidente en el 2011 tuve un diálogo muy fluido con las autoridades de la Corte Suprema y hemos desarrollado en materia de administración, una política muy importante de infraestructura y tecnología. Hay un cambio importante en el Poder Judicial desde dentro y es necesario en este momento en nuestra sociedad entrelazarlo, conjugarlo con el proceso que también están reclamando los poderes políticos que son representativos de la voluntad popular. APU: Una de las lecturas que se hacía es que desde el retorno de la democracia, uno de los poderes que quedó pendiente en su democratización, fue el Poder Judicial, en relación al resto de los poderes. En esa línea una de las propuestas que dio vueltas durante la jornada de Justicia Legítima, fue la incorporación de organismos de Derechos Humanos al Consejo de la Magistratura. ¿Cómo analiza esa lectura? MF: Considero que el Poder Judicial es un poder inserto dentro del sistema democrático, por lo tanto, es un poder de la democracia. Lo que sucede es que tiene características que lo diferencian de los otros dos poderes políticos y esto es bueno que así sea. Porque el Poder Judicial no es un poder directamente derivado de la elección popular. Nuestro Poder Judicial está diseñado al modo del poder judicial norteamericano con algunas variantes como fue la creación del Consejo de la Magistratura. El funcionamiento sustancial es a través de mecanismos similares a los del poder judicial norteamericano. Un poder que tiende a consolidarse como un poder independiente y de alguna manera fortalecido. Las acciones de la Corte en esto de tener política propia van en esa dirección. Hay que conjugarlo con la idea del Consejo de la Magistratura como depositario de algunas facultades que en algún momento tenían los poderes políticos, como en la selección de los candidatos a jueces y otra que tenía la Corte como el ejercicio del poder disciplinario. Creo que en la medida que el consejo vaya transitando con sus distintos cambios en estos años la identidad se debe haber logrado. El diálogo, el debate me parece muy bueno para que esta inserción democrática del Poder Judicial se pueda dar en la mayor medida. Analizar los años transcurridos desde que recuperamos la democracia hasta ahora en el ámbito del poder judicial, puede tener varias visiones posibles. En un análisis rápido puedo decir que lo que veo es un cambio importante en la composición del Poder Judicial en los últimos años. A través de la reforma de la Constitución y el cambio de integración de la corte, hoy se ve estructuralmente distinto el Poder Judicial. Si alguien me hubiera preguntado hace 15 años, si nuestro Poder Judicial era corporativo, tendría una respuesta muy distinta a la que tengo hoy. Es importante cuando hablamos de corporación dentro del Poder Judicial o de no democratización, tendría que decir que no hay que confundir la generalidad con la patología. Hoy puedo decir que no es un poder corporativo, sino que es un poder inserto en un sistema democrático. Un poder que dentro del cual, por su propia estructura, existen algunas tendencias corporativas pero esas tendencias hoy son aisladas en contraste con la generalidad. A mi modo de ver, hoy no funcionan como un poder corporativo pero sí advierto que es importante abrir todos los espacios que puedan ser permeables a la voluntad popular para enriquecerlo y también a lo que es la integración de la política de Derechos Humanos. ¿De qué manera se puede lograr lo de los Derechos Humanos? Hoy tenemos una Corte de Justicia que tomó una postura muy importante, no sólo en sus fallos, sino en las tendencias que fue marcando al resto de los tribunales en materia de Derechos Humanos. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que tiene una estructura especial dedicada a los Derechos Humanos que en mi presidencia anterior me ocupé de que se ampliara en el plano de la infraestructura y que desarrollara un sistema de video conferencia para desarrollar los juicios de lesa humanidad en todo el país. La estructura con la que contamos en el consejo de la Magistratura y el servicio que brindamos a los tribunales nacionales y federales en materia de desarrollo de juicios de lesa humanidad, nos ha dado resultados muy satisfactorios porque nos permitió en mucho menos tiempo, haber desarrollado y concluido causas de Derechos Humanos y haber obtenido condenas y teniendo en cuenta que estamos a décadas de lo que sucedió en nuestro país y que todos queremos ponerle un fin. Un fin como corresponde, dando justicia a través de las condenas a quién deba ser condenado. El hecho de que haya transcurrido décadas hace que hoy tanto los testigos como los imputados sean personas, inclusive los familiares y víctimas, de edades muy avanzadas. La celeridad en los juicios es prácticamente esencial. Desde ese punto de vista me ocupé de que no se perdiera tiempo en esto y que el Consejo de la Magistratura dotara de la infraestructura lo más rápido posible para que los juicios se desarrollen. APU: Recordaba algo que dijo la Procuradora de la Nación, Gils Carbó, en el marco de la discusión sobre la independencia del Poder Judicial. Ella hablaba de dependencia tanto internas, por las propias reglas del sistema judicial, y dependencia de factores externos. ¿Comparte este análisis? MF: Sí, creo que la independencia tiene que ser entendida en el sentido más alto y más completo de la palabra. Cuando hablamos de independencia tenemos que ir redefiniendo el concepto a la luz de lo que es una interpretación dinámica. Hoy la independencia debe entenderse como la necesidad de un Poder Judicial independiente de todo tipo de factor ya sea político, económico, corporativo, inclusive también desde cualquier factor interno que surja dentro del Poder Judicial y que esté influenciado por cuestiones distintas de la que es el fortalecimiento sano del Poder Judicial. Yo no le tengo miedo a ese fortalecimiento del Poder Judicial por el miedo al corporativismo, sino que pienso que se puede y se tiene que fortalecer y lo tiene que hacer con mecanismo de control suficientes, internos y hasta podrían ser externos en la medida que no vulnere la independencia. El control externo más importante es el de la transparencia que permite que pueda ser visto por la sociedad y que pueda tener válvulas en los aspectos jurisdiccionales del Poder Judicial a través de la utilización de los recursos. Que éstos estén al alcance de la sociedad y de los interesados en cada caso, es decir, que tenga los recursos suficientes para ir transitando las distintas instancias en el plano procesal de un expediente concreto. También que haya canales disciplinarios abiertos para que cualquier conducta anómala dentro del Poder Judicial, pueda ser planteada, tratada y resuelta en los ámbitos institucionales. Para esto está el Consejo de la Magistratura, para tramitar denuncias, para que también la sociedad conozca cuando se tramita una denuncia, para que cualquier ciudadano pueda tramitarla y ver que se obtiene una respuesta. Me parece que en Argentina tenemos que aprender a usar las herramientas que el sistema mismo nos proporciona, confiar en esas herramientas y cuando éstas no funcionan bien, denunciarlo para que esto pueda llegar a mejorarse. En esto, creo que la apertura, la transparencia, nos va a dar el mejor termómetro que es cuando la sociedad empiece a utilizar estas herramientas y cuando funcionen de manera anómala, denunciarlas también. APU: Una de las propuestas que dio vueltas a partir del discurso de la Presidenta ante la Asamblea Legislativa se refiere a la utilización de las cautelares. Un análisis que hacía el presidente del AFSCA, era que las cautelares obstaculizan el normal funcionamiento democrático. ¿Cómo ve la utilización de este recurso? MF: Creo que las medidas cautelares son una herramienta de que dispone el Poder Judicial para casos excepcionales y para casos en los que se configuran circunstancias urgentes como el peligro de que una decisión judicial pueda llegar tarde dentro de un proceso. Tienen que ser utilizadas, precisamente, por la excepcionalidad para la cual fueron creadas. Si una medida que fue creada para la excepcionalidad se utiliza de una manera ordinaria, entonces se desnaturaliza. También es necesario que cuando se utilice una cautelar como medida excepcional, se piense en las consecuencias que puede producir, no sólo para las partes sino también para el conjunto de la sociedad. Sobre todo cuando se trata de una medida cautelar dictada respecto de un acto proveniente de un órgano cuyos actos se presumen legítimos. Creo que hay que tener una particular visión excepcional cuando, a través de una medida cautelar se innova en un acto proveniente de un poder cuyos actos se presumen legítimos. En esto existe una gran responsabilidad judicial, sobre todo de los jueces de las primeras y segundas instancias porque la responsabilidad que tienen es muy alta comparada con los efectos que esa medida puede producir. En este sentido, no vería mal que este tema se debata y que, a través del debate, se pueda lograr alguna modificación legal que pueda establecer reglas de juego más acordes al funcionamiento social. Creo que toda medida que propenda a que las medidas cautelares sean utilizadas como corresponde que lo sean, de acuerdo a la excepcionalidad y a las consecuencias que pueden traer sus efectos, sobre todo cuando son medidas innovativas, tiene que ser debatida, estudiada y mejorada. GB

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