lunes, 4 de marzo de 2013

ALGO HUELE BIEN

Algo huele bien La sociedad argentina hace décadas que reclama por una justicia mejor. Por Carlos Rozanski En épocas de dictadura, la forma del reclamo ha sido naturalmente difícil porque el costo podía ser, no sólo la pérdida de libertad, sino la de la vida misma. En la última de ellas, el grupo más visible de reclamos estuvo centrado en las Madres de Plaza de Mayo y varias han desaparecido por eso. En igual sentido, Abuelas y luego Hijos, siempre con apoyo inclaudicable del resto de los organismos defensores de los Derechos Humanos, continuaron a lo largo de más de tres décadas pidiendo justicia. Con esa ejemplar inspiración, familiares de víctimas de delitos posteriores a la dictadura, se unieron en Madres del Dolor. Finalmente, cada tragedia individual originada en gatillos fáciles o de diversos orígenes, se tradujo en reacciones inmediatas de familias, barrios o colectivos de víctimas que, desde los espacios más variados, reclamaron una justicia mejor. Una justicia integrada por jueces y fiscales más sensibles, con oídos más predispuestos a escuchar y sobre todo a comprender el dolor y la legitimidad de cada reclamo. El rol de la justicia durante las dictaduras cívico militares y en especial durante la última, sin duda la más violenta, ha sido patético. Hoy se reconoce públicamente que hubo una claudicación, y en muchos casos complicidad directa de parte de miembros de la justicia de nuestro país durante el genocidio, que en pos de un proyecto económico, se cometió a través del terrorismo de Estado. A esta altura de las presentes reflexiones, cabe preguntarse: ¿hay alguna duda de que nuestra justicia debe democratizarse? ¿Alguien puede pensar seriamente que el poder que más armas tenía para frenar el exterminio del terrorismo de Estado, era precisamente el Poder Judicial? Con un Ejecutivo usurpado y un Legislativo disuelto y con la mayoría de sus miembros perseguidos, detenidos, torturados, exiliados o asesinados, ¿quiénes sino los jueces y fiscales tenían la obligación de alzar su voz para al menos intentar frenar la barbarie en lugar de validarla? Sin embargo, con honrosas excepciones, muchos miraron para otro lado, rechazaron hábeas corpus de familiares de víctimas, con la aberración de imponer costas, e incluso se entrevistaron y vieron con sus propios ojos a víctimas torturadas, muchas de ellas luego desaparecidas. El viernes, la presidenta de la Nación anunció diversas medidas para afianzar decididamente el proceso de democratización de nuestro Poder Judicial frente a la reseña inicial de estas líneas, en el que un número importante de jueces, fiscales y defensores de todo el país estamos empeñados. Ese proceso, irreversible, tuvo su origen en el retorno de la democracia en 1983 y luego, después un cuarto de siglo de impunidad, a partir del año 2003. Es irreversible porque es resultado de un espacio social mayoritario, que abarca todos los estratos sociales y que no está dispuesto a retroceder un milímetro en lo logros obtenidos en materia de Derechos Humanos. De entre los proyectos anunciados –todos importantes y auspiciosos–, se destaca que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular. Se trata de una institución esencial de nuestra democracia porque es la que designa, controla y, finalmente, en su caso destituye a los jueces nacionales y federales. Si se tiene en cuenta que esos jueces son los que tienen la responsabilidad cotidiana de decidir sobre el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, cabe preguntarse a qué sector social o político puede molestarle o preocupar semejante cambio. Es obvio que la participación directa de la ciudadanía, en la elección de quienes ejercen tan importante función de control, es una necesidad democrática fundamental y por sí misma legitimadora del actual proceso que vivimos. Algo huele a perfume en los anuncios y en la alegría de la mayoría del pueblo argentino. Quien no lo perciba, tiene la nariz tapada. Infonews

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