LA PROCURADORA PIDIO APARTAR AL JUEZ VILLAFUERTE RUZO DE CAUSAS CONTRA REPRESORES
Parcialidad y demoras burdas
Protesta de organismos de derechos humanos en 2011 contra el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.
Alejandra Gils Carbó opinó que el juez federal de San Nicolás no debe intervenir en el caso de Cambiaso y Pereyra Rossi, en el que le llevó seis años definir la citación de los imputados, entre los que está Luis Patti.
Por Victoria Ginzberg
Comportamiento parcial. Demoras burdas. Compromiso personal contrario al avance de la instrucción. Así define la procuradora Alejandra Gils Carbó el desempeño del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Por ese motivo opinó que debe aceptarse la recusación contra el magistrado presentada por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, en la investigación sobre el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, cuyo principal acusado es el subcomisario preso Luis Abelardo Patti. “Si bien el apartamiento del magistrado sería para este caso particular, según se desprende de su conducta y de los argumentos del dictamen, correspondería que Villafuerte Ruzo no intervenga en ningún expediente relacionado con los crímenes de la última dictadura”, coincidieron ante Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Murray.
La conducta de Villafuerte Ruzo es, desde hace años, un obstáculo para el avance de las investigaciones que involucran a los represores. Sus demoras motivaron más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, recursos de reposición, apelación y queja por parte de Murray y reiterados oficios de la Unidad Fiscal que encabezan Parenti y Jorge Auat a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema.
Luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el juez dejó sentado que reabría las causas vinculadas al terrorismo de Estado “sólo en virtud de un deber funcional”, pero que él pensaba que este hecho violaba derechos fundamentales de los imputados. Esta opinión no implicó su apartamiento de estas causas, ya que se consideró que no constituía un caso de “prejuzgamiento típico”. El juez Fernando Barbará, de la Cámara Federal de Rosario, señaló en esa oportunidad: “Inequívoco es que la causal invocada por el Ministerio Público no se encuentra legislada en el artículo 55 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) ni en ningún otro artículo ni código, me animaría a decir, del mundo. Y ello por cuanto resulta a todas luces insólito e imprevisible para cualquier legislador que un juez instructor pueda invocar que acomete su tarea en cumplimiento de un deber funcional pese a que considera que al hacerlo viola los derechos humanos y principios constitucionales como el del debido proceso, irretroactividad de las leyes y legalidad”.
Gils Carbó explica en su dictamen que lo que podía sospecharse por aquella opinión del juez fue confirmado por su comportamiento en los trámites judiciales. Por ejemplo, a Villafuerte Ruzo le llevó seis años ordenar la citación de Patti y otros dos represores de la Unidad Regional de Tigre en el expediente sobre el asesinato, el 14 de mayo de 1983, en un bar de Rosario, de dos militantes peronistas. “El Ministerio Público promovió la reapertura de este proceso en marzo de 2005. El juez evitó expedirse en respuesta a ese planteo por más de dos años, hasta que en agosto de 2007 rechazó la petición, mas sin expedirse sobre el fondo del planteo, sino sólo alegando medidas de prueba pendientes de producción. Recién en agosto de 2010 el magistrado resolvió el fondo de la petición, reabriendo la instrucción del caso. Las citaciones a prestar declaración indagatoria que el agente fiscal había solicitado en 2005 fueron finalmente resueltas en octubre de 2011”, señala Gils Carbó. Una de las maniobras de Villafuerte Ruzo consistió en, literalmente, “cajonear” los expedientes: concedía las apelaciones, pero no enviaba los documentos a la Cámara. “Un simple trámite que no debería insumir mayor tiempo, a lo sumo, algunos días, ha llegado a dilatarse cerca de un año y medio”, dice el informe de la Unidad Fiscal que fundamentó el dictamen de la procuradora.
El caso del asesinato de Gastón Gonçalves ejemplifica, para Murray, la actitud del juez. “Para Villafuerte Ruzo no había pruebas ni siquiera para llamar a indagatoria a Patti, pero luego la causa cambió de jurisdicción, pasó a San Martín y con la instrucción que habíamos hecho acá, dos jueces de primera instancia y una Cámara Federal, lo procesaron, un Tribunal Oral lo condenó y Casación confirmó la sentencia. Es hora de que se analice el contenido de sus fallos”, señaló el fiscal a Página/12.
Hay una causa sobre crímenes de la última dictadura en la que Villafuerte Ruzo ya fue apartado. Es la investigación sobre la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León. Víctor Martínez estaba con el sacerdote cuando se produjo el choque en la Ruta 9. Martínez contó que llevaban documentos con denuncias sobre desapariciones, que el obispo fue asesinado y que él mismo estuvo secuestrado. Villafuerte Ruzo lo procesó por falso testimonio y, en ese caso, la Cámara de Casación admitió la recusación.
Antes era Villafuerte
Hasta 1974 fue sólo Carlos Villafuerte. Ese año, según se cuenta en una nota de La Nación, se agregó el apellido materno, Ruzo, tras enterarse de que tenía un tocayo guerrillero “al que buscaba la policía”. Villafuerte estaba entonces iniciando su carrera judicial y se preocupó incluso por que el cambio de nombre quedara registrado en su documento.
El dato es lo suficientemente viejo –y personal– para que pocos lo conozcan. Para la mayoría de la gente, Villafuerte Ruzo es recordado como el juez que investigó la muerte de Carlos Menem (h). Y el que actuó en la masacre de Ramallo.
Católico marianista –de los devotos de la virgen María–, Villafuerte es padre de cinco hijos y poco amigo de los reportajes. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires. Entró al Poder Judicial por un tío camarista, a principios de los ’70, y permaneció allí hasta llegar a la fiscalía federal de San Isidro.
Fue fiscal federal de ese distrito en la época en que fueron jueces Alberto Piotti y Roberto Marquevich. Con el último participó en investigaciones contra el narcotráfico que lo dejaron en buena relación con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.
En 1996 asumió como juez federal de San Nicolás. Allí le tocaron los casos de mayor exposición. Carlos Menem (h) había muerto el año anterior y Zulema Yoma estaba convencida de que la caída del helicóptero en el que su hijo viajaba junto al piloto Silvio Oltra había sido un atentado. Zulema siempre postuló una venganza contra su ex marido por supuestos negocios.
En 1998, después de cuatro años de investigación, el juez desechó la hipótesis del atentado y archivó el expediente. Ella intentó llevarlo a juicio político, pero la denuncia no prosperó.
El caso de la masacre de Ramallo tuvo un impacto tal vez mayor. Villafuerte era titular del juzgado cuando ocurrió la toma de rehenes en un asalto al Banco Nación, y ante los desastrosos resultados del operativo policial en el que terminaron muertos el gerente y el contador de la sucursal y uno de los ladrones, fue denunciado por su presunta responsabilidad en la decisión de un procedimiento de mano dura. Sin embargo, varios años más tarde, el Consejo de la Magistratura no dio lugar a esta acusación y sostuvo que el operativo había sido de total responsabilidad de la policía.
Fue uno de los jueces que acumularon gradualmente quejas y denuncias por poner trabas a la investigación de violaciones a los derechos humanos (ver nota central). Vale citar el caso de Luis Abelardo Patti: él argumentó que “no había elementos tan siquiera como para indagar” al ex comisario por el secuestro, tortura y homicidio de Roberto Gastón Gonçalvez y Diego Muniz Barreto, por los que Patti sería luego condenado a prisión perpetua.
06/02/13 Página|12
Parcialidad y demoras burdas
Protesta de organismos de derechos humanos en 2011 contra el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.
Alejandra Gils Carbó opinó que el juez federal de San Nicolás no debe intervenir en el caso de Cambiaso y Pereyra Rossi, en el que le llevó seis años definir la citación de los imputados, entre los que está Luis Patti.
Por Victoria Ginzberg
Comportamiento parcial. Demoras burdas. Compromiso personal contrario al avance de la instrucción. Así define la procuradora Alejandra Gils Carbó el desempeño del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Por ese motivo opinó que debe aceptarse la recusación contra el magistrado presentada por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, en la investigación sobre el asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, cuyo principal acusado es el subcomisario preso Luis Abelardo Patti. “Si bien el apartamiento del magistrado sería para este caso particular, según se desprende de su conducta y de los argumentos del dictamen, correspondería que Villafuerte Ruzo no intervenga en ningún expediente relacionado con los crímenes de la última dictadura”, coincidieron ante Página/12 Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Murray.
La conducta de Villafuerte Ruzo es, desde hace años, un obstáculo para el avance de las investigaciones que involucran a los represores. Sus demoras motivaron más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, recursos de reposición, apelación y queja por parte de Murray y reiterados oficios de la Unidad Fiscal que encabezan Parenti y Jorge Auat a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte Suprema.
Luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el juez dejó sentado que reabría las causas vinculadas al terrorismo de Estado “sólo en virtud de un deber funcional”, pero que él pensaba que este hecho violaba derechos fundamentales de los imputados. Esta opinión no implicó su apartamiento de estas causas, ya que se consideró que no constituía un caso de “prejuzgamiento típico”. El juez Fernando Barbará, de la Cámara Federal de Rosario, señaló en esa oportunidad: “Inequívoco es que la causal invocada por el Ministerio Público no se encuentra legislada en el artículo 55 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) ni en ningún otro artículo ni código, me animaría a decir, del mundo. Y ello por cuanto resulta a todas luces insólito e imprevisible para cualquier legislador que un juez instructor pueda invocar que acomete su tarea en cumplimiento de un deber funcional pese a que considera que al hacerlo viola los derechos humanos y principios constitucionales como el del debido proceso, irretroactividad de las leyes y legalidad”.
Gils Carbó explica en su dictamen que lo que podía sospecharse por aquella opinión del juez fue confirmado por su comportamiento en los trámites judiciales. Por ejemplo, a Villafuerte Ruzo le llevó seis años ordenar la citación de Patti y otros dos represores de la Unidad Regional de Tigre en el expediente sobre el asesinato, el 14 de mayo de 1983, en un bar de Rosario, de dos militantes peronistas. “El Ministerio Público promovió la reapertura de este proceso en marzo de 2005. El juez evitó expedirse en respuesta a ese planteo por más de dos años, hasta que en agosto de 2007 rechazó la petición, mas sin expedirse sobre el fondo del planteo, sino sólo alegando medidas de prueba pendientes de producción. Recién en agosto de 2010 el magistrado resolvió el fondo de la petición, reabriendo la instrucción del caso. Las citaciones a prestar declaración indagatoria que el agente fiscal había solicitado en 2005 fueron finalmente resueltas en octubre de 2011”, señala Gils Carbó. Una de las maniobras de Villafuerte Ruzo consistió en, literalmente, “cajonear” los expedientes: concedía las apelaciones, pero no enviaba los documentos a la Cámara. “Un simple trámite que no debería insumir mayor tiempo, a lo sumo, algunos días, ha llegado a dilatarse cerca de un año y medio”, dice el informe de la Unidad Fiscal que fundamentó el dictamen de la procuradora.
El caso del asesinato de Gastón Gonçalves ejemplifica, para Murray, la actitud del juez. “Para Villafuerte Ruzo no había pruebas ni siquiera para llamar a indagatoria a Patti, pero luego la causa cambió de jurisdicción, pasó a San Martín y con la instrucción que habíamos hecho acá, dos jueces de primera instancia y una Cámara Federal, lo procesaron, un Tribunal Oral lo condenó y Casación confirmó la sentencia. Es hora de que se analice el contenido de sus fallos”, señaló el fiscal a Página/12.
Hay una causa sobre crímenes de la última dictadura en la que Villafuerte Ruzo ya fue apartado. Es la investigación sobre la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León. Víctor Martínez estaba con el sacerdote cuando se produjo el choque en la Ruta 9. Martínez contó que llevaban documentos con denuncias sobre desapariciones, que el obispo fue asesinado y que él mismo estuvo secuestrado. Villafuerte Ruzo lo procesó por falso testimonio y, en ese caso, la Cámara de Casación admitió la recusación.
Antes era Villafuerte
Hasta 1974 fue sólo Carlos Villafuerte. Ese año, según se cuenta en una nota de La Nación, se agregó el apellido materno, Ruzo, tras enterarse de que tenía un tocayo guerrillero “al que buscaba la policía”. Villafuerte estaba entonces iniciando su carrera judicial y se preocupó incluso por que el cambio de nombre quedara registrado en su documento.
El dato es lo suficientemente viejo –y personal– para que pocos lo conozcan. Para la mayoría de la gente, Villafuerte Ruzo es recordado como el juez que investigó la muerte de Carlos Menem (h). Y el que actuó en la masacre de Ramallo.
Católico marianista –de los devotos de la virgen María–, Villafuerte es padre de cinco hijos y poco amigo de los reportajes. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires. Entró al Poder Judicial por un tío camarista, a principios de los ’70, y permaneció allí hasta llegar a la fiscalía federal de San Isidro.
Fue fiscal federal de ese distrito en la época en que fueron jueces Alberto Piotti y Roberto Marquevich. Con el último participó en investigaciones contra el narcotráfico que lo dejaron en buena relación con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.
En 1996 asumió como juez federal de San Nicolás. Allí le tocaron los casos de mayor exposición. Carlos Menem (h) había muerto el año anterior y Zulema Yoma estaba convencida de que la caída del helicóptero en el que su hijo viajaba junto al piloto Silvio Oltra había sido un atentado. Zulema siempre postuló una venganza contra su ex marido por supuestos negocios.
En 1998, después de cuatro años de investigación, el juez desechó la hipótesis del atentado y archivó el expediente. Ella intentó llevarlo a juicio político, pero la denuncia no prosperó.
El caso de la masacre de Ramallo tuvo un impacto tal vez mayor. Villafuerte era titular del juzgado cuando ocurrió la toma de rehenes en un asalto al Banco Nación, y ante los desastrosos resultados del operativo policial en el que terminaron muertos el gerente y el contador de la sucursal y uno de los ladrones, fue denunciado por su presunta responsabilidad en la decisión de un procedimiento de mano dura. Sin embargo, varios años más tarde, el Consejo de la Magistratura no dio lugar a esta acusación y sostuvo que el operativo había sido de total responsabilidad de la policía.
Fue uno de los jueces que acumularon gradualmente quejas y denuncias por poner trabas a la investigación de violaciones a los derechos humanos (ver nota central). Vale citar el caso de Luis Abelardo Patti: él argumentó que “no había elementos tan siquiera como para indagar” al ex comisario por el secuestro, tortura y homicidio de Roberto Gastón Gonçalvez y Diego Muniz Barreto, por los que Patti sería luego condenado a prisión perpetua.
06/02/13 Página|12
GB
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