domingo, 9 de diciembre de 2012

VERBITSKY OPINA PARTE II

JUSTICIA Y POLITICA, CON LA CAUTELAR DE CLARIN COMO CATALIZADOR
Entre Navidad y Año Nuevo
La Corte rechazará la nulidad que pidió la Afsca y no se avocará per saltum. Pero por el recurso extraordinario dará sentencia entre Navidad y Año Nuevo. Las candidaturas presidenciales del juez Lorenzetti, del infotainer Lanata y, tal vez, del economista Lavagna, hablan de la crisis de la oposición. La pugna con el Grupo Clarín tiene una dimensión simbólica, porque enfrenta a los poderes fácticos y las instituciones estatales, incluyendo la judicatura, que es el Poder de la minoría con poder.

Por Horacio Verbitsky

La Corte Suprema se reunirá mañana para tratar los recursos presentados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la jefatura de gabinete de ministros. Es imposible que declarare nula la medida cautelar en ejercicio de sus funciones de superintendencia, como pidió la AFSCA. La jefatura de gabinete de ministros solicitó el avocamiento de la Corte por salto de instancia, pretensión que también sería rechazada ya que al haber fallado el tribunal superior de la causa no habría verdadero per saltum. En cambio, la Corte aceptaría el recurso extraordinario, que la jefatura deberá presentar ante la misma sala que prolongó la cautelar. Pero en ese caso, debería dar vista sucesiva por diez días a ambas partes, lo cual llevaría la sentencia a una fecha intermedia entre la Navidad y el Año Nuevo.


En los primeros contactos entre los jueces sí hubo acuerdo en señalar que la Cámara se había extralimitado al contradecir lo que ya dijo la Corte en mayo sobre la duración del proceso de adecuación a la ley. Antes podría producirse la sentencia definitiva del juez Horacio Alfonso. Cualquiera sea su decisión, cuando una de las partes apele, la sentencia quedará en suspenso. Ahí sí procedería el recurso directo a la Corte Suprema, salteando a la Cámara que prorrogó la cautelar. Cuando por fin el Grupo Clarín deba adecuarse a los topes legales, no perderá su poder político ni simbólico: en la línea sugerida por su fastidiado socio minoritario, Fintech Advisory, debería desprenderse de su paquete accionario en Cablevisión pero conservaría su señal de noticias TN, su radio Mitre y su canal 13 de televisión abierta.

Lo-La-Lá

La semana pasada se anunciaron dos candidaturas presidenciales y un posible frente antikirchnerista. Postuló al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, su colega Carlos Fayt durante un almuerzo en el Club del Progreso, que preside el dirigente radical Guillermo Moreno Hueyo. El infotainer Jorge Lanata anunció la suya en una entrevista biográfica con Luis Majul. Y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna plantó bandera de un Frente de Centro del que no negó que podría ser candidato, si bien como corresponde a un hombre tan elegante dijo que hablar de eso le parecía una nimiedad.


Estos preparativos políticos coinciden con el momento más tenso de una confrontación de alto valor simbólico entre el gobierno nacional y una de las mayores empresas del país con ramificaciones profundas dentro del Poder Judicial. Aunque lo que se discute es si prevalecerán los poderes fácticos o las instituciones del Estado, la astucia empresarial instala el contraste en otros términos. El CEO del gigante mediático, Héctor Magnetto, le dijo al diario estadounidense New York Times que “lo que está en juego no es Clarín sino la democracia”, frase que Lanata repitió ante la SIP en el Congreso. Lorenzetti, Lanata, Lavagna: ¡Lo-La-Lá!

El grupo de la embajada

Una eventual candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos ya había sido mencionada en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. Lorenzetti dijo que la versión, que negó, pretendía afectar su imagen de imparcialidad. Una semana antes de la aclaración, la embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, había informado con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”.


La diputada macrista Gabriela Michetti le dijo que ese grupo se reunía en secreto desde mediados de 2008 (que es cuando se produjo el blooper histórico de Cobos) y además de Lorenzetti y ella lo integraban el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el diputado de Wall Street Alfonso de Prat Gay; el entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz; varios hombres de negocios y banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo el año pasado, Lorenzetti no desmintió su pertenencia. La fuente sobre una eventual candidatura de Lorenzetti es ahora alguien de excelente relación con el presidente del tribunal. Al borde de los 95 años, Fayt dijo lo que creyó que agradaría a su colega. La semana pasada, Lorenzetti impulsó junto con Juan Carlos Maqueda la durísima declaración corporativa que consideró las recusaciones y las denuncias penales contra determinados jueces una agresión institucional y las opiniones públicas sobre su desempeño “campañas difamatorias”, y culminó pidiendo espacio en los medios de comunicación para que “el Poder Judicial” polemizara con los funcionarios políticos.

En abril de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner exigió que la Cámara de Casación Penal dejara de obstruir y demorar los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado y promovió el juicio político de su presidente, Alfredo Bisordi, quien respondió que nunca había visto un gobierno que se entrometiera de forma tan explícita en la tarea de los jueces. Entonces, la Corte declaró (en un texto sin firma, igual que el de la última semana) que el control republicano de la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado “debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”. El tono de aquella filípica era dulce al lado de la que Lorenzetti y Maqueda impulsaron ahora.

Monocracia y poliarquía

En una “tesis sobre judicatura y división de poderes”, que hizo circular entonces como reflexión personal, el ex secretario de la Corte y actual camarista platense Leopoldo Schiffrin se preguntaba qué llevó al “estamento judicial” a sublevarse en defensa de Bisordi, “hasta obligar a la Corte Suprema a un acto que la colocó junto con los enemigos más declarados de la línea política presidencial ¿Cuándo una Corte Suprema había amonestado a un Presidente?”. Las reflexiones de Schiffrin sólo han ganado valor y actualidad desde entonces. Sostiene que la mayor parte de la magistratura integra el bloque de poder dominante económico e ideológico-comunicacional que está en tensión relativa con la organización política-estatal y “cuya Biblia es el diario La Nación”. Para Schiffrin el poder formal del Estado “lucha (por momentos) por lograr alguna autonomía, por no ser un simple instrumento de aquel poder fáctico”.


La “retórica sobre la democracia constitucional habla de las ‘idealidades’ de la Constitución como si fueran normas efectivas y generalmente cumplidas desde hace mucho tiempo”. En la Argentina, agrega, “el sistema presidencialista real es una monocracia (que no es dictadura) atemperada por el sistema federal y por la poliarquía, significada por innumerables instancias sociales”. En este contexto la justicia podría ser uno de “los factores políticos formales-sociales que atemperen la monocracia, pero, en vez de ello, sigue siendo un organismo burocrático incluido entre los poderes fácticos del bloque dominante”. Si algún juez quisiera asomarse a la “normalidad” y no a la “normatividad” constitucional, no encontraría “la supuesta división de poderes ni tampoco la independencia judicial”. La realidad le mostraría que además del monocrático poder del Estado y el poder fáctico del bloque dominante, también actúan “múltiples instancias sociales como diversas formas sindicales, múltiples ONG, cooperativas, movimientos de base, comunidades religiosas no católicas o católicas alejadas del bloque jerárquico de la Iglesia, y muchas otras”. Si la judicatura quisiera dejar el bloque social dominante y se transformara en el campo de contención, promoción y articulación de los intereses y derechos que esos grupos ajenos al sistema principal de dominación tratan de representar, sin perder su carácter estatal obtendría una sustancia autónoma y se erigiría como un contrapoder respetado. Sólo tendrá otros horizontes y perspectivas si varía su relación con la sociedad civil y remueve “la ideología según la cual la imparcialidad de los jueces consiste en la indiferencia afectiva frente a los conflictos humanos y valorativos que se le presentan”. Esa es la gran tarea pendiente a la que Lorenzetti alude en sus discursos magistrales y realiza en algunas intervenciones estimables de la Corte, pero que no puede emprenderse sin batallar con la concepción corporativa, que resplandece en el comunicado de esta semana.

GB

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