Una democratización pendiente, Por Jorge Muracciole

El Poder Judicial y sus ministros tienen privilegios consuetudinariamente naturalizados por décadas. Un síntoma generalizado en el mundo contemporáneo es el malestar del común de la ciudadanía con el accionar de la justicia. A lo largo y ancho de la geografía capitalista, sobran los ejemplos del malhumor de las mayorías ante los déficits del Poder Judicial.

Tanto los países centrales como los periféricos lejos están del ideal liberal de identificar a los ministros que ejercen el Poder Judicial como los garantes de la aplicación igualitaria de las leyes. Esta suerte de exigencia a la independencia de los órganos administradores de la ley, respecto de los poderes económicos y políticos, está en entredicho. Pero tan importante como ese principio fundante es, en el actual escenario de globalización financiera y mundialización de la economía, la independencia de los órganos de justicia de las poderosas corporaciones que atraviesan los poderes de los estados y sus distintas instituciones.

Abordar el debate a través de la independencia del Poder Judicial en relación exclusivamente a los gobiernos de turno, sin contextualizarlo, es un camino que transita entre una suerte de ingenuidad pueblerina; o, en su defecto, en el peligroso sendero de la complicidad funcional a los grandes intereses ligados al establishment. Esta realidad, más allá de la invisibilización de la prensa conservadora, es la que rige asimétricamente los destinos del planeta.

En el caso argentino, los sucesos de las últimas semanas en relación a la extensión de la medida cautelar en la implementación de la totalidad del articulado de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, a pocas horas de la fecha límite del inicio del proceso de desinversión, favoreciendo objetivamente los intereses del grupo de mayor incidencia comunicacional en desmedro de la aplicación de una ley votada mayoritariamente hace más de tres años por una amplia mayoría en ambas cámaras; sumado al escandaloso fallo de la justicia en San Miguel de Tucumán, que absolvió a los acusados por el caso de secuestro y desaparición de la joven Marita Verón, implementada por la mafia de la trata; dichos sucesos, más allá de la conmoción inicial, han instalado con más fuerza el debate sobre el estado de situación del Poder Judicial y han puesto en la mira de la opinión pública el accionar y las conductas de los jueces.

 Ante esta situación no se hicieron esperar las respuestas corporativas de los poderes tribunalicios, entre ellas las declaraciones del presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien en defensa del Poder Judicial ante la posición gubernamental, afirmó a través de un video que se vio en la comida anual de la Asociación de Magistrados, su opinión sintetizada en una frase: "Los jueces no somos una corporación sino un poder del Estado."

Lo cierto es que a diferencia de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial y sus ministros tienen privilegios consuetudinariamente naturalizados por décadas, que los excluyen de las obligaciones propias de la ciudadanía de a pie, como el pago del Impuesto a las Ganancias.

Lo paradójicamente rescatable de estos vergonzantes acontecimientos, son sus efectos a escala social. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos, Familiares y la Liga por los Derechos del Hombre cuestionaron a los jueces de la Cámara Penal de Tucumán, y reclamaron que se les inicie un juicio político. Hechos como los mencionados han servido como un impensado disparador de un debate que la sociedad argentina, a casi tres décadas del inicio de la transición democrática, aún tiene en deuda.

En esa dirección fue el discurso de la presidenta Cristina Fernández, que ante los desacertados fallos judiciales, ha abogado por la democratización de la justicia. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, retomó el discurso de la Casa Rosada, e instó a la democratización de la justicia a partir de los tribunales populares, instaurando en su territorio el juicio por jurados.

 Estas medidas gozan de un importante consenso en el seno de la sociedad, pero para significativos sectores del gobierno las medidas democratizadoras no concluyen en los juicios por jurados. Entre las hipotéticas medidas a implementar figuran los juicios orales en otros fueros y hasta una reforma constitucional, así como otras iniciativas que tienden a recortar privilegios y a incursionar en mecanismos democráticos que impidan la perpetuidad de los cargos y acerquen a la ciudadanía a la elección de los mismos.

17/12/12 Tiempo Argentino

GB