TODOS TODAS SOMOS MARITA.

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EL TRIBUNAL DEJO LIBRES DE CULPA A TODOS LOS ACUSADOS POR LA DESAPARICION Y REDUCCION A LA PROSTITUCION DE LA JOVEN TUCUMANA
Trece absoluciones para que festejen las redes de trata

Los jueces consideraron que no había pruebas y dejaron sin condena el caso Marita Verón. La madre, Susana Trimarco, dijo que pedirá su juicio político. Llamado de Cristina Kirchner.

Por Soledad Vallejos

Desde San Miguel de Tucumán

Absueltos. Anoche un tribunal tucumano resolvió, “por unanimidad”, que ninguno de los trece imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón debía ser condenado. Cuatro horas después de lo anunciado inicialmente, tras esperar bajo el calor espeso del fin de la tarde en las escaleras del Palacio de Justicia, Susana Trimarco escuchó que la Sala II de la Cámara en lo Penal absolvía a los acusados para quienes la fiscalía había pedido entre 25 y 12 años y medio de prisión, en función de las responsabilidades adjudicadas. La lectura de la resolución no llevó más de diez minutos. La secretaria del juzgado leyó: no se hacía lugar a la acción civil, todos resultaban absueltos. Antes de que se terminara de escuchar el veredicto, la sala donde se realizaba la audiencia estalló: Gonzalo “Chenguita” Gómez gritó “¡mamá!”; Irma Medina quiso abrazarlo; Fernando “Chenga” Gómez rompió en llanto. Los familiares y amigos del resto de los imputados sollozaron entre gritos. La lectura de quiénes quedaban absueltos debió recomenzar. Eran todos. Hubo un instante de silencio. Susana Trimarco permaneció mirando al frente, en silencio. Desde un banco detrás de ella, Rosa Schonfeld, madre del estudiante Miguel Bru, no contuvo un sonoro “¡hijos de puta!”. Y la sala estalló. La policía de-salojó el lugar en tiempo record.

En la cabina de una camioneta, acompañada por los abogados Carlos Varela Alvarez y José D’Antona, Susana Trimarco dejó el lugar; en la caja del vehículo, el diputado nacional Horacio Pietragalla sollozaba.

Minutos después, en la Fundación María de los Angeles, el abogado Varela Alvarez advirtió que “esto no termina acá”. “Es una vergüenza, una estafa” y “la van a pagar”, dijo a continuación Trimarco, quien segundos antes había pedido a una abogada de la Fundación y amiga de Marita que dejara de llorar. “La adversidad nos hace fuertes”, arremetió el abogado D’Antona, quien reiteró lo que había contado Trimarco: al conocer la noticia, Micaela, la hija de Marita, ya adolescente, lloró. “El Poder Judicial de Tucumán está podrido”, señaló, antes de adelantar que “las lágrimas de Micaela las van a pagar con el cargo”. “No pararé hasta pedir el juicio político a los jueces”, dijo Trimarco. D’Antona añadió que el Poder Judicial de Tucumán debe ser “intervenido” porque el fallo “es un acto de corrupción”.

Trimarco relató entonces que había recibido un llamado de Cristina Kirchner: “No puedo creer lo que hicieron, contá conmigo”, contó que le había dicho.

El veredicto estaba anunciado para las cinco de la tarde. Minutos antes de dar esa hora, la cita fue pospuesta para las siete. Los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano permanecían en el Palacio de Justicia desde el fin de la instancia de últimas palabras de los imputados, a media mañana. A quince minutos de las siete, Susana Trimarco cruzaba la plaza de los tribunales escoltada por los abogados, Varela Alvarez, D’Antona, Carlos Garmendia y Germán Díaz. Le seguían los pasos funcionarios nacionales, provinciales, diputados. Al verla, las decenas de personas de organizaciones sociales y partidos políticos que se concentraban en el lugar comenzaron a aplaudir. Poco después, todos entonaban “Todavía cantamos”, cuya letra el abogado Varela Alvarez había repartido.

Siete y media, Trimarco esperaba ante las puertas de los tribunales. El calor tucumano apretaba. Por la cuadra y las escaleras rondaban haciendo tiempo los diputados Pietragalla y Stella Maris Córdoba; la coordinadora del Programa Nacional de Rescate a víctimas de trata, Zaida Gatti, la legisladora (MC) Vilma Ripoll, el jefe de la División Trata de Personas de la policía tucumana, Julio Fernández; el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Juan Mena. La espera se extendía, pero no había palabras que la explicara. A la vuelta de la esquina, sobre otra calle, los imputados esperaban también que les franquearan el ingreso. Juan Derobertis esperaba bajo un árbol; Chenguita Gómez se apoyaba sobre una valla mientras su novia le acariciaba la cabeza.

Recién poco después de las ocho, a instancias de uno de los abogados de la querella, la policía judicial permitió a Trimarco ingresar al edificio, pero sólo cuarenta minutos después le permitieron el paso a la sala de audiencias. Desde las escaleras donde primero habían tomado asiento, la madre de Marita Verón comenzaba a inquietarse. A instancias del abogado D’Antona, integrantes de la policía judicial intermediaron con personal del juzgado. “No nos tengan miedo. Vamos a escuchar cualquier resultado. Hace diez años que esperamos y necesitamos una respuesta”, dijo desde la escalera Varela Alvarez, que pedía que alguien comunicara sus palabras a los jueces. “Si la respuesta es adversa, haremos lo necesario. Le pedimos a la Justicia tucumana que no nos tenga miedo”.

Minutos después, permitieron que Trimarco y su equipo subiera el tramo de escaleras que faltaba. Los imputados y todos sus abogados ya se encontraban allí. La imputada Medina tenía los ojos colorados, la imputada Milhein lloraba, el menor de los imputados Gómez a duras penas se contenía.

Eran las nueve y diez y en la Sala II de la Cámara en lo Penal no volaba una mosca. La fila de bancos más cercana a la puerta cobijaba a Trimarco, integrantes de la Fundación María de los Angeles, representantes de instituciones y organizaciones sociales. Entre una y otra fila, policías. Contra las paredes, policías; entre el banco para la prensa y el sector de los imputados, policías. La secretaria del juzgado dijo “de pie”, la puerta de la salita de los jueces se abrió y el aire se cortaba con un cuchillo.

Lo que estaba por leer la secretaria del juzgado, adelantó el presidente del tribunal, Piedrabuena, era “una breve síntesis” cuyos fundamentos serían dados a conocer el 18. La funcionaria judicial anunció que las decisiones habían sido tomadas por unanimidad y leyó: que los hermanos María Jesús y Víctor Angel Rivero, Daniela Milhein y Andrés Alejandro González eran absueltos; que también lo era el ex policía Pascual Andrada; que Derobertis, Fernando Gómez, Azucena Márquez...

–¡Mamá! –gritó entonces Chenguita, y en la sala empezó a crecer un murmullo. Le siguió un ruido. La lectura del veredicto ya no se escuchaba.

La secretaria retomó. La lista de absueltos continuaba con Mariana Bustos, Carlos Luna, Paola Gaitán, Gonzalo Gómez.

–¡Gracias dios mío! –estalló Chenga.

A metros, desde la fila de bancos tras Trimarco se escuchaban tantos sollozos como desde la fila de familiares y amigos de los imputados.

La secretaria leyó que el tribunal no hacía a lugar a la acción civil. Que remitía “las piezas procesales pertinentes” a una fiscalía de instrucción en el caso de Milhein y González, y al Juzgado de Instrucción Nº 3 en el caso de Medina, sus hijos, Bustos, Luna, Gaitán, Márquez y Andrada para “la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas”.

Rosa Schonfeld gritó “¡hijos de puta!”. Todo el público se puso de pie en un segundo. La policía de-salojó la sala.

La plaza ante tribunales estallaba en cánticos que pedían justicia. Al cabo de media hora, en la Fundación María de los Angeles reinaban el silencio, los ojos llorosos.

Flanqueada por sus abogados, acompañada por los diputados y funcionarios nacionales y provinciales, Trimarco dijo que “ya tenía información de que La Chancha (Rubén) Ale ha sacado los dólares debajo del colchón y les puso a ellos”, en referencia a los jueces, a quienes ella y los abogados sindicaron de “corruptos”. “No puede ser esto. Es una vergüenza, es una estafa. Estafaron a todas las pobres víctimas que se sentaron a decir lo que les hicieron”, dijo. Y señaló que “estoy más firme que nunca, así –y sin levantarse de la silla marcó el paso con dos fuertes pisadas–, como un soldado. No voy a parar hasta que estos tres delincuentes estén donde tengan que estar”.

Habían quedado atrás diez años de investigación; diez meses de debate oral; cuatro horas de espera en plena calle.

svallejos@pagina12.com.ar

12/12/12 Página|12

Los 13 absueltos
- María Jesús Rivero: Ex dueña de la remisería 5 Estrellas. Según la acusación, ordenó –junto con su ex marido Rubén “La Chancha” Ale– a su hermano secuestrar a Marita Verón. La fiscalía la consideró autora intelectual. La fiscalía y la querella habían pedido 25 años de prisión.

- Víctor Rivero: Acusado de secuestrar a Marita por orden de su hermana María Jesús. Un testigo dijo en el juicio que Rivero le contó cómo lo había hecho y que la sangre de la mujer, a quien golpeó con un arma, nunca salió del asiento del auto que usó en el secuestro. La fiscalía lo consideró autor material y, al igual que la querella, pidió para él 25 años de prisión.

- Daniela Milhein: testigos rescatadas de redes de trata señalaron que reclutaba chicas para ser explotadas en los prostíbulos. Una ex víctima de esas redes contó que en su casa vio dos veces a Marita. La fiscalía la consideró partícipe necesaria y pidió 25 años de prisión, al igual que la querella.

- Alejandro González: ex marido de Daniela Milhein, estaba acusado de haber transportado a Marita hasta La Rioja para entregarla a un prostíbulo, como había hecho con otras mujeres secuestradas que declararon en el juicio. Para la fiscalía, que pidió una condena de 25 años –en coincidencia con la querella–, fue partícipe necesario.

- Irma Medina: Conocida como “Mama Lili”, madre de los mellizos Gómez y dueña de varias whiskerías que funcionaban como prostíbulos alimentados por mujeres secuestradas. Una testigo aseguró que “compró” a Marita Verón. La fiscalía la consideró partícipe necesaria y pidió una pena de 25 años, la misma condena que solicitó la querella.

- José “Chenga” Gómez: Hijo de Medina, los testimonios señalan que obligó a Marita a prostituirse en los locales de su familia, que ella fue su “doña” y tuvo un hijo suyo. Según la fiscalía, fue partícipe necesario, por lo que le cabía una pena de 25 años, con lo que coincidió la querella.

- Gonzalo “Chenguita” Gómez: Hijo de Medina, regenteaba prostíbulos en La Rioja, en uno de los cuales fue vista Marita. Como a su hermano y su madre, la fiscalía lo consideró partícipe necesario y pidió para él 25 años de prisión. Idéntica pena solicitó la querella.

- Mariana Bustos: Casada con Chenga Gómez, participaba de la explotación de los prostíbulos. Para la fiscalía, como partícipe secundaria, le cabían 12 años y medio de prisión; para la querella, 26 años y medio.

- Pascual Andrada: Ex policía encargado de trasladar mujeres secuestradas de Tucumán a La Rioja; en esa rutina habría trasladado a Marita, según fue acusado. Para la fiscalía, como partícipe secundario, le cabían 12 años y medio de prisión; la querella pidió 23 años y siete meses.

- Paola Gaitán: Esposa de Carlos Luna, referida como administradora de los locales bajo el nombre “doña Patricia”. La fiscalía la consideró partícipe secundaria y pidió para ella 12 años y medio; la querella había pedido 23 años y seis meses.

- Juan Derobertis: Encargado de El Desafío, uno de los locales de Medina y sus hijos en los que fue explotada Marita. Por considerarlo partícipe secundario, la fiscalía pidió para él 12 años y medio de prisión; la querella había solicitado 24.

- Carlos Luna: Administraba el prostíbulo El Desafío y formalmente figuraba como responsable del lugar en donde, dijo, las chicas estaban por su voluntad, algo que desmintieron numerosos testimonios. Habría asumido la responsabilidad por gratitud a los Gómez. Para la fiscalía, por ser partícipe secundario, debía cumplir 12 años y medio de prisión; para la querella, 25.

- Azucena Márquez: Fue señalada como regenta de prostíbulos de Medina y Gómez –bajo el nombre de “doña Claudia”–, que comandaba cuando Marita fue vista allí. Para la fiscalía, como partícipe secundaria, le cabía una pena de 12 años y medio; la querella había pedido 25.

GB