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Jayati Ghosh y Matías Vernengo, The Guardian | 03 de diciembre 2012
Argentina vuelve a ser noticia.El país que logró reestructurar con éxito su deuda externa después de haber padecido una grave crisis financiera en 2001-02; que se abstuvo de aplicar un paquete de austeridad estándar, para alcanzar una recuperación económica notable, es objeto de ataques debido a una combinación de fallos judiciales y medidas agresivas en los mercados financieros.
Elliott Capital Management, un fondo buitre con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, propiedad de Paul Singer, financiero conservador (y gran donante de la campaña de Romney), se negó a aceptar las condiciones de la reestructuración de la deuda aceptada por más del 92% de los tenedores de bonos en 2005 y 2010.
Este fondo ha exigido la totalidad del pago y ha entablado activamente su caso en distintos tribunales de todo el mundo. Hace unos meses fue incautada en Ghana la Fragata “Libertad” de Argentina (cuyo nombre resulta irónico en este caso), después de que un juez local dictaminó a favor de Elliott Capital Management.
El juez Thomas Griesa recientemente dictaminó en un tribunal de distrito en Nueva York que el gobierno argentino debe pagar $ 1,3 mil millones al fondo buitre citado (es decir, el valor nominal de sus participaciones más los intereses acumulados a partir de finales de 2001), fundamentándose en una interpretación inusual de la cláusula pari passu incluida en los contratos de deudas.
Elliott y otros “fondos buitre” no son inversores convencionales. Ellos compran bonos a precios descontados durante épocas de crisis, con la intención explícita de demandar a los países en dificultades en tribunales de jurisdicciones extranjeras, a la vez que aguardan que se les pague la totalidad del monto, sin intentar renegociar la deuda.
Es evidente que a los fondos buitre no les inquieta ciertas sutilezas, por ejemplo, la forma como se acumuló la deuda; el principio según el cual las deudas deben pagarse teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor; o cómo estos pagos repercuten sobre el bienestar de los más vulnerables. Representan las finanzas globales en su forma más descarnadamente agresiva y explotadora.
El fallo de Griesa también incluyó una orden judicial que prohibía a terceros “ser cómplices” en lo que atañe a violar su dictamen, evitando así que Argentina continúe pagando a los acreedores que aceptaron la reestructuración.
Esto tiene implicaciones de gran alcance que van más allá de este caso, ya que pone en entredicho todas las negociaciones de reestructuración de deudas que no son sólo probables, sino también necesarias para preservar las finanzas internacionales. ¿Por ejemplo, por qué los tenedores de bonos griegos aceptarían un plan de reestructuración de deuda que podría representar una solución y ser beneficioso para todos, si saben que los fondos buitre pueden esperar y recibir apoyo judicial en tribunales internacionales?
El fallo también contradice las leyes nacionales de bancarrota en los Estados Unidos, que obligan a los acreedores minoritarios someterse a los acuerdos aceptados por el 70% de los acreedores. Si los tribunales superiores respaldan este fallo (tanto Argentina como otros acreedores han apelado la decisión) se creará una situación de inviabilidad para los mercados mundiales de bonos. Los acreedores harán apuestas en un solo sentido si no se aceptan las posibilidades de reestructuración, con lo cual las únicas opciones serían o todo (pago total) o nada (default completo).
Pero esa no es la única arremetida a la cual se enfrenta Argentina. Esta semana la agencia de calificación Fitch, que anteriormente había otorgado una clasificación Triple A a los bonos estadounidenses de alto riesgo, bajó de categoría a los bonos argentinos, a un rango ligeramente superior al de “bonos basura”. Muchos analistas financieros ahora predicen que volverá a ocurrir otro default argentino.
Pero no existen razones para creer que el país está próximo a declarar un default. La cuenta corriente está balanceada; las reservas internacionales superan los $ 46 mil millones, y la relación entre el pago del servicio de la deuda y las exportaciones es inferior al 20%. En los últimos años, Argentina ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con una caída del desempleo, que pasó de cerca del 22% a cerca del 7%. Por lo tanto, ¿cómo se explica que las agencias de calificación bajaron de categoría y se está socavando al país en los mercados financieros y medios de comunicación?
La verdadera razón podría deberse precisamente al éxito económico del país después de su default y de haberse visto obligado a reestructurar su deuda. Después de 2002, Argentina revocó las medidas de austeridad promovidas por el FMI; volvió a nacionalizar los sectores productivos más importantes, como el de la aviación, las pensiones y más recientemente el petróleo; aumentó la protección social y las transferencias de ingresos a los pobres, y redujo significativamente la pobreza. Los salarios reales aumentaron, y las desigualdades salariales se redujeron.
Esta es una historia peligrosa de éxito, y demuestra que la vida continúa después de un default, y que la austeridad no es la mejor manera de superar una crisis. Estas son dos lecciones que evidentemente asustan a los mercados financieros y a sus aliados en el sistema judicial, y, resulta evidente que existe la preocupación de que otros países con dificultades financieras podrían tratar de seguir este ejemplo. Esto explica el afán de demostrar que no se trata, después de todo, de una historia de éxito, y por qué se mantiene la presión sobre Argentina a través de sentencias judiciales, se baja al país de categoría y se aplican otras medidas similares.
Irónicamente, esto puede llegar a ser contraproducente. No es cuestión solamente de que estas medidas recientes son profundamente injustos y antidemocráticos, sino que también amenazan al sistema financiero global en sí. Permitir que los fondos buitre tengan precedencia sobre los tenedores de bonos que acepten una reestructuración socava cualquier posibilidad de renegociar las deudas, sin lo cual no puede funcionar un sistema de crédito.
El “nivel de rencor” en la decisión de Griesa demuestra la importancia que tiene contar con sistemas judiciales que no se inclinen a favor de inversores privados motivados exclusivamente por el lucro. El hecho de permitir que las agencias de calificación con amplios conflictos de intereses funcionen sin regulaciones y de crear alternativas públicas crea desinformación sin necesidad de rendir cuentas.
Ni siquiera un sistema capitalista descaradamente injusto puede sobrevivir de esta manera por mucho tiempo. Por lo tanto, una vez más, las finanzas internacionales y sus socios podrían estar mordiendo las manos de quienes lo han alimentado, lo que podría traer consecuencias potencialmente desastrosas, incluso para el sector de las finanzas.
(Este artículo fue publicado por el diario “The Guardian”)
GB
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