Fallo contra la ley de medios: La fin del mundo, por Teodoro Boot
Domingo 09 de Diciembre de 2012 11:10
La tendencia a la exageración es un morbo muy argentino, aunque habrá quien diga que es más bien porteño, y argentino por extensión. Está en los genes itálicos, árabes y azkenazis de nuestro ser nacional y es con frecuencia exacerbado por los mass media que tienden a ser, casi sin excepción, cada vez más amarillos, sensacionalistas y desmedidos.
Catástrofes
Es verdad: uno no sabe qué es lo que viene primero, si la tendencia nacional a la exageración, y en consecuencia, la necesidad mediática de satisfacer la demanda pública, o si acaso será el sensacionalismo periodístico el causante de esa tendencia popular. Más bien parece que, sin importar la causa remota, uno y otro se retroalimentan y potencian de manera tal que hasta el incidente más nimio parece anunciar la fin del mundo, el colapso final y definitivo… de Boca, de Almeyda, del gobierno, de Tinelli, de la ciudad de Buenos Aires, del planeta entero.
Por lo general no sucede así. Y si los grandes saurios desaparecieron de la faz de la tierra como si los hubieran fumigado con round up, esa clase de colapso no ha sido nunca muy frecuente ni se le puede equiparar una lesión de Messi, un embotellamiento de tránsito, el anegamiento de zonas inundables luego de una lluvia copiosa o una medida cautelar más previsible que extravagante.
Un fallo de una instancia judicial contradiciendo las decisiones de la instancia superior parece ser una sentencia extravagante, pero ni se compara con la desaparición de los grandes saurios. Sin embargo, lo de que la Cámara de apelaciones haya contradicho las decisiones de la instancia superior, para el caso, la Corte Suprema, parece también ser una afirmación exagerada, que en todo caso deberá dilucidar la propia Corte. En cambio, sí era previsible, ya que ante la apelación del grupo Clarín, una de las alternativas más probables era que la Cámara al menos le concediera la extensión de la medida cautelar.
La tela de araña
¿Por qué el fallo era probable? En principio, porque era una de las decisiones posibles, aunque el grupo Clarín pretendía mucho más y, más que nada, por una noción empírica que ya era vieja cuando José Hernández escribió “La ley es tela de araña/ en mi inorancia lo esplico:/ no la tema el hombre rico; /nunca la tema el que mande; /pues la ruempe el bicho grande/ y sólo enrieda a los chicos”.
No obstante las certezas manifestadas por Jorge Lanata y Ernesto Tenembaum, el bicho chico aquí es el Estado. Sucede que la relación de fuerzas entre el Estado nacional y el poderoso grupo económico‑mediático es muy semejante a la existente entre el Estado mexicano y los cárteles del narcotráfico: es tal el nivel de facturación y de tal grado la simultánea influencia en la comunidad de esta clase de grupos, que contra ellos pueden muy poco los resortes de Estados nacionales canijos, debilitados hasta la inexistencia luego de décadas de neoliberalismo. En el transcurso, también se ha socavado el alma de los hombres y embotado sus sentidos: la voluntad de los tipos cotiza en el mercado menos que un caramelo mu‑mú y si cualquiera puede ser comprado o seducido por monedas, no hace falta imaginar lo que pueden muchos billetes.
A pesar de su previsibilidad, el fallo desató sobrerreacciones de similar intensidad y de distinto signo, que no daban para tanto. La oficial y la oficialista, o prokirchnerista o pro “ley de medios”, fue incentivada por un absurdo comunicacional gubernamental consistente en presentar el día establecido por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar casi como si fuera el día del desembarco aliado en Normandía, hasta en su misma simbología: 7D. Sin embargo, era obvio que ese día no pasaría nada extraordinario, ni tampoco al día siguiente; a lo sumo y en el mejor de los casos, empezaría un lento proceso de “adecuación” que, lamentablemente no podríamos llamar de desmonopolización sin caer en la exageración.
¡Dios menelibre!
La reacción de la masa periodística ligada al grupo Clarín fue una sobreactuación de alegría y complacencia digna de un sketch de Robin Williams y Susana Giménez. Previsible también, así como fue previsible la llegada de los representantes de la SIP y su informe.
Si bien uno sabe de qué la va la SIP y no desde ayer, sino desde su misma creación como sociedad de propietarios de diarios del continente, no deja de sorprender su pretensión de juzgar no ya sobre la “libertad de prensa” sino sobre la legislación en materia de radios AM y FM, canales de TV y redes de televisión por cable y servicios de Internet, habida cuenta de que, tal como su nombre lo indica, la Ley de Servicios Audiovisuales no se inmiscuye en los medios gráficos por prohibírselo expresamente la Constitución. Vale decir, técnicamente no se sabe qué pito pretende tocar la SIP en este asunto, aunque sí se lo entiende políticamente: de órgano patronal “de las Américas” para velar por la defensa de la propiedad de latifundistas y empresas estadounidenses contra los gobiernos más o menos rebeldes de Latinoamérica (de lo que pudieron dar cuenta Vargas, Perón, Ibáñez, Goulart, Velasco Ibarra, Albernz) pasó a desempeñarse durante medio siglo como instrumento del interés norteamericano en la guerra fría, abocándose en forma muy especial a la agitación del fantasma comunista dizque alentado por gobiernos tibios y militares nacionalistas, y promovido por la subversión castrista y, en nuestro caso, la peronista.
Esa ha sido la auténtica especialización de la SIP, razón por la que, de no saber que se trata de una amalgama de ignorancia y corrupción, el coronel Dubois se revolcaría en la tumba al oír a Pepe Eliaschev o a Jorge Lanata sostener acusaciones del tenor de “En los setenta, la SIP habló de los desaparecidos mientras los Kirchner vendían departamentos en el sur”. ¡La SIP denunciando torturas, asesinatos y desapariciones! ¡Dios menelibre!
(Tranquilícese coronel: esto ocurrió sólo cuando las violaciones a los derechos humanos tenían lugar en Cuba.)
Si bien políticamente se entiende la incursión de la SIP y la presencia en la reunión de los partiquinos de Clarín, no deja de sorprender la participación de dirigentes y legisladores autodenominados opositores y más sorprendentemente autodefinidos de izquierda o centroizquierda, quienes también asumieron como victoria propia el fallo de la Cámara.
Conviene recordar que el fallo de la Cámara consiste en extender en el tiempo una medida cautelar que suspende la aplicación de un artículo de la ley mal llamado de “desinversión”. Y decimos mal llamado porque es un artículo antimonopolio, tendiente a atemperar, aunque no logre eliminar del todo, la influencia de los monopolios en el manejo de la comunicación audiovisual, de donde tendríamos a políticos autodenominados de izquierda y centroizquierda asumiendo la defensa de los monopolios. Esto, además de ser muy loco, dice mucho del estado moral y la ausencia de ideas y carácter de la mayor parte de los miembros del espectro político nacional, quienes, con su inconsecuencia, son los mayores aliados que el gobierno tiene cuando debe hacerse cargo de sus propios errores. Si estos son la alternativa…
Límites y desbordes
Muchos funcionarios gubernamentales, incluidos el ministro Alak o el titular del Afsca, y legisladores, periodistas y partidarios kirchneristas exageran el carácter superior e intangible de una ley, por más que sea votada por las más significativas mayorías y cuente con el beneplácito de un inmenso porcentaje de ciudadanos. De acuerdo a nuestro sistema (que no es “la democracia” sino la república), mientras el parlamento vota las leyes, toca al ejecutivo aplicarlas y al poder judicial velar por su cumplimiento. Y también toca al poder judicial, específicamente a la Corte Suprema, determinar su constitucionalidad ya que se supone que ninguna ley puede salir de los límites fijados por la Constitución.
En efecto, corresponde decir que el poder judicial, o algunos miembros del poder judicial, no pueden –o más bien no deben, porque poder, pueden– impedir la aplicación de una ley mediante cautelares y otras medidas dilatorias, pero no se puede o no se debe decir que el poder judicial o algunos miembros del poder judicial no pueden o no deben impedir la aplicación de una ley votada por el parlamento, pues de afirmarse lo que actualmente afirman funcionarios gubernamentales, incluidos el ministro Alak, el titular del Afsca y etc, es pecar de ignorancia, ingenuidad o directamente faltar a la verdad: está dentro de las atribuciones del poder judicial determinar la inconstitucionalidad, y por ende, la no vigencia, de cualquier ley votada por el parlamento. Y esta es una de las posibles decisiones del juez Alfonso respecto al reclamo planteado por el grupo Clarín y es aun, aunque no tan probablemente, una de las posibles decisiones de la Corte Suprema.
Lo que abunda no daña
La estrategia comunicacional del grupo Clarín tiene variantes chistosas, que conviene tomarse en joda ya que el absurdo mirado seriamente puede exasperar al más pintado. Una de las variantes chistosas y descabelladas es criticar al Afsca por su renuencia a aplicar el artículo 161 a aquellas empresas que no presentaron recursos de amparo. Desde luego, los periodistas del grupo lo afirman fingiendo la mayor seriedad y, más notable aún, los políticos autodenominados opositores lo repiten con igual empaque y tal vez hasta creyéndolo en serio.
Es obvio que obligar a los demás grupos a cumplir con el artículo “de desinversión” del que, por obra de los amparos, queda exento el grupo más importante, provocaría una situación de injusticia intolerable y una desigualdad ante la ley que no demoraría en condenar cualquier tribunal, pero también estas obviedades deben explicarse y reglamentarse, habida cuenta el bombardeo publicitario al que está expuesto todo aquel que mire TV, lea un diario, escuche radio o se informe por la Internet.
Nadie nace sabiendo y muy frecuentemente debemos desaprender lo que nos enseñaron, por lo que no siendo Martín Sabbatella un paniaguado sin personalidad y sin ideas, convendría que se demorara, hasta el aburrimiento propio y ajeno, en explicar lo obvio y en hacer expreso lo implícito: la suspensión del artículo 161 en virtud del principio de igualdad ante la ley, de la que el grupo Clarín pretende quedar exento en forma cada vez más descarada.
Pero el artículo 161 no lo es todo y aunque la propaganda gubernamental pretenda lo contrario, atemperará la influencia de los monopolios, pero no conseguirá eliminarlos; la mayor parte de las localidades del país disponen de un solo sistema de televisión por cable: que este sea propiedad de Clarín, Vila, Hadad, Cristóbal López, Juan Pérez o José García no supone grandes diferencias para el habitante de dicha localidad. La eliminación de los monopolios depende sólo en parte de la aplicación del artículo 161: la intervención en el sistema de municipios y cooperativas eléctricas (por mencionar apenas dos de los actores posibles) y el desarrollo y mejora de la televisión digital aérea son los verdaderos instrumentos de la democratización del sistema.
Desde luego, hacer esta afirmación no supone en modo alguno restar importancia al artículo 161 y dejar de demandar su aplicación. Se trata nomás de poner las cosas en perspectiva y recordar, como al pasar, que el incumplimiento del artículo 161 no impide la aplicación del grueso de los puntos de la ley de servicios audiovisuales.
La dilación interminable
Lo que nos preocupa aquí, por eso de que vale la pena analizar y criticar aquello que es modificable, no es la política comunicacional del grupo Clarín sino la estrategia política y comunicacional oficialista y /o gubernamental.
El nivel de facturación de Cablevisión y su grado de incidencia en la facturación global del grupo indican que éste hará todo lo posible, ya sea legal como ilegal, para evitar desprenderse de la mayor parte de sus redes de cable más que de algún canal de televisión o frecuencia de radio. Se sabe que será así y sólo un nene de teta puede pensar que tras un eventual fallo de la Corte dictaminando la constitucionalidad de la ley no se producirán tantas demandas como redes de cable, radios y canales de TV pertenezcan al grupo, en tantos juzgados como localidades abarquen y valiéndose de los más variados, imaginativos e inverosímiles argumentos.
De igual modo tendrán lugar nuevos pedidos cautelares y apelaciones a todas las multas y sanciones que le imponga Afsca.
Frente a esto, la estrategia comunicacional oficial augura la persistencia en el error, porque así como ha sido un absurdo depositar en el mítico 7D la esperanza en algún cambio significativo, es insensato sugerir o inducir la creencia de que habrá un pronto fallo de la Corte o de que un eventual fallo favorable de los supremos habilitará para una automática e inmediata aplicación del artículo 161. De igual modo, no es conveniente ni decente ni acertado creer o hacer creer que el artículo 161 es el centro de gravedad de la ley, su condición de aplicabilidad y existencia. El artículo 161 debe ser aplicado pues contribuye a la desmonopolización, pero su postergación no impide la aplicación de la ley ni constituye el fin del mundo o una catástrofe semejante a la desaparición de los grandes saurios
El objetivo del grupo es transparente: dilatar todo lo posible la aplicación del artículo 161 en espera de un cambio de autoridades nacionales, por las vías que sea. La táctica es una y sirve tanto para un barrido como para un fregado: se trata de limar, erosionar, y debilitar al gobierno y a la presidenta, crear la sensación de caos, arbitrariedad, inseguridad y descontrol y de ser posible, vacío de poder. En el peor de los casos y en virtud del impedimento constitucional a una nueva reelección presidencial, llegar al 2015 esquivando la aplicación de la ley y habiendo demolido al actual gobierno con la suficiente intensidad y eficacia como para aterrorizar a los eventuales candidatos a sucederlo, ya sea oficialistas como opositores.
Habida cuenta la composición de la claque que aplaudió la intromisión de la SIP –¡nada menos que la SIP!– puede decirse que el grupo ya lo está logrando.
Por más que el oficialismo y hasta la presidenta pongan el grito en el cielo y pretendan exclusividad, no es la primera vez que tiene lugar esta clase de operación ni, fuera de los detalles de género, es la actual mandataria la más insultada y difamada de los presidentes argentinos. Esta clase de alianza entre grupos económico‑financieros y grandes medios no es ni original ni mucho menos novedosa y basta con recurrir a los diarios de las distintas épocas para advertir hasta que punto los agravios de que es objeto la presidenta son réplicas casi exactas de los que debieron padecer muy especialmente Yrigoyen y Perón y mucho más recientemente, Alfonsín.
Fíjense que hasta Frondizi y aun Illia fueron insultados y difamados cada vez que osaron afectar, aunque tímidamente, los intereses económicos concentrados. Y naturalmente y como corresponde, fueron denunciados por la SIP.
En ese sentido, en materia de agravios recibidos, la presidenta de la nación es la más cabal representante de las mejores tradiciones populares argentinas, lo que no es mérito menor.
El campo no es orégano
La operación del grupo conlleva riesgos, ya que siendo una estructura básicamente económica, la eventual subordinación de los intereses monetarios a una estrategia cada vez más política debilita su composición interna: ya se ha visto que no todos los accionistas y socios comparten que el objetivo de hacer morder el polvo al actual gobierno esté por encima de cualquier otra consideración e interés. Por ejemplo, la manipulación de la noticia y la tergiversación de los hechos por parte de los órganos emblemáticos del grupo es tan groseramente evidente que su prolongación en el tiempo provoca una falta de credibilidad que en medios de comunicación periodísticos es casi suicida.
La porfía del grupo, su apuesta a resolver a largo plazo y por las vías extremas su enfrentamiento con los poderes legislativo y ejecutivo supone gastos enormes, pérdidas de negocios y una sectarización inconveniente en cualquier índole de actividad y en mayor medida en la que requiere de un aura de ecuanimidad y objetividad.
De igual manera, la subordinación a los intereses del grupo de muchos dirigentes políticos autodenominados de izquierda y centroizquierda debilita su frente interno, toda vez que la ley de servicios audiovisuales ha sido una vieja y demorada aspiración de numerosos actores sociales, muchos de ellos partícipes y/o votantes de esos partidos. Tan sólo la derecha pura y dura (el peronismo federal, el Pro, el radicalismo depurado de su tradición nacional y progresista) es coherente y consecuente en su apoyo a la decisión de un grupo económico de mantenerse al margen de la ley y será, presumiblemente, el único espacio político beneficiado en la actual coyuntura.
En este panorama, frente a este despliegue mass mediático y a la constitución de una alianza política y social opositora y subordinada a la estrategia del grupo Clarín, la política gubernamental no parece ser la más adecuada ya que fuera de la inteligente designación de Martín Sabbatella al frente del Afsca, el oficialismo se presenta cada vez más solitario y abroquelado, sin tomar nota de las eventuales fisuras dentro de las fuerzas opositoras y sin revisar una estrategia que lo ha llevado al aislamiento y a la pérdida de aliados.
Explicar esa pérdida por la inconsistencia y catadura moral de esos antiguos aliados no explica nada, ya que debían tener esa misma inconsistencia y catadura moral cuando este mismo oficialismo los ponderaba. En el reino de la desmesura y la exageración, la actitud más atinada debiera ser la moderación, el equilibrio y la conservación del sentido de las proporciones.
Asimismo, resulta indispensable adoptar una política adecuada para atemperar los efectos de una estrategia de demolición que se irá incrementando día a día. Esa política pasa inevitablemente por la construcción de mayorías y el combate contra la arrogancia, el sectarismo y la tendencia a la exageración que, en este caso, al depositar una expectativa desmedida en un fallo judicial, ha transformado en derrota mediática lo que no fue sino un muy previsible paso procesal.
Agencia Paaco Urondo
GB
No hay comentarios:
Publicar un comentario