NUEVA YORK (AP).- El gobierno de Barack Obama apoyó la revocación de varias órdenes que obligarían a Argentina a pagar con intereses el dinero que debe a un fondo de inversión estadounidense, tras la suspensión de pagos de deuda soberana del país en 2001.
El Departamento de Justicia envió una carta, llamada técnicamente "amicus curiae'', a la Corte de Apelaciones del segundo circuito opinando a favor de Argentina.La referida Corte maneja ahora uno de los aspectos de la disputa entre el estado argentino y el acreedor NML Capital Ltd., que salió perjudicado cuando Argentina cayó en mora por 95.000 millones de dólares en bonos soberanos en el 2001.
El gobierno estadounidense opinó que la decisión del juez Thomas Griesa, en una corte federal de Nueva York, ordenando a Argentina a realizar los pagos debería ser revocada porque forzar la entrega del dinero provocaría problemas de jurisdicción en propiedades estatales extranjeras y significaría dictar a otro estado cómo implementar su propia política de deuda.
"Es muy probable que eso provoque tensiones en nuestras relaciones exteriores'', señaló el Departamento de Justicia en el pronunciamiento ante la Justicia.
Griesa emitió sus fallos en diciembre del 2011 y 23 de febrero de este año.
A pesar del apoyo a Argentina, Estados Unidos aseguró en su carta que el país debería "normalizar relaciones'' con todos sus acreedores, tanto públicos como privados. Señaló también que el país latinoamericano no ha logrado cumplir con sus obligaciones internacionales y debería trabajar con el Fondo Monetario Internacional para solucionar el problema.
Un "amicus curiae'' es un escrito presentado por terceras partes, sin solicitud de las partes litigantes, que tiene el objetivo de ayudar a un tribunal a tomar una decisión en un determinado caso.
Griesa ordenó en febrero que Argentina pague los intereses antes de pagar los réditos sobre los bonos que reestructuró en 2005 y 2010. La orden del juez afecta a terceras partes, incluidos bancos. Argentina apeló la decisión, que fue a parar así a la corte federal de apelaciones.
Un 80% de los acreedores de Argentina accedieron a una reestructuración en el 2005. Sin embargo, EM Ltd., NML Capital Ltd. y otros miles de inversionistas decidieron no participar y prefirieron acudir a la justicia.
Su lucha cuenta con el apoyo de la American Task Force Argentina, una coalición de grupos privados que desea que el gobierno estadounidense intervenga en la solución del problema con el país suramericano.
"Desafortunadamente, el gobierno tomó esta semana una posición que continuará justificando el abuso de Argentina del sistema judicial estadounidense'', dijo Robert Raben, director ejecutivo de la coalición, quien expresó además sorpresa y decepción a la carta del Departamento de Justicia.
El "amicus curiae'' no detalle ninguna cifra en disputa, pero Raben dijo a AP que se trata de 1.600 millones de dólares.
La batalla entre Argentina y los acreedores se encuentra también ante el Tribunal Supremo.
En enero, el máximo tribunal solicitó la opinión del gobierno de Obama para decidir si sostiene una audiencia ante una solicitud de NML y EM Ltd., que desean apropiarse de 105 millones de dólares pertenecientes al Banco Central argentino y congelados en Nueva York.
Nanda Chitre, portavoz del Departamento de Justicia, dijo el jueves que el gobierno estadounidense aún no ha emitido su opinión al respecto
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