Jaime Smart: “Los dos demonios existieron”Durante su autodefensa, el imputado Jaime Smart, hizo un análisis político de los meses previos al golpe de Estado, y del modo con el que la Justicia abordó los crímenes de lesa humanidad. Reivindicó al juicio a las Junta y cuestionó al kirchnerismo por reabrir los juicios y “finalizar el proceso de pacificación”.
Por Pablo Spinelli
spinellipa@gmail.com
Foto: Matías Adhemar
“Quienes me escuchan hoy pueden llegar a pensar que estoy reeditando la ‘teoría de los dos demonios’, y realmente es así. Los dos demonios existieron hasta 2003”. La frase de Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y ejerce su propia defensa en el juicio que se realiza a 26 militares, policías y civiles supuestamente vinculados con el Circuito Camps, sintetiza parte de la línea argumental de su alegato, con el que pidió la prescripción de la causa y su absolución.
El largo discurso de Smart, que incluyó un cuarto intermedio y aún se desarrolla, se dio en esta audiencia con un contexto particular. La planta alta del recinto armado en el auditorio de la ex Amia (4 entre 51 y 53), donde funciona el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 (TOCF 1), está repleta de familiares, amigos y allegados de los imputados, quienes al terminar la primera parte de la audiencia tuvieron un enfrentamiento verbal con familiares, ellegados y víctimas del terrorismo de Estado.
Son 105 acreditados en total, y entre ellos, una de las primeras en acomodarse en la segunda fila de butacas, fue la militante pro-dictadura, Cecilia Pando, quienes vitorearon a los imputados cuando aparecieron en escena. Antes, hubo algo de tensión en el acceso, y en uno de los paredones de seguridad levantados en la vereda fue pegado un cartel en defensa de los enjuiciados que dice “Basta de revanchas. Jueces Libres”.
Al iniciar la audiencia se produjo el primer incidente cuando el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski ordenó a los presentes ponerse de pie. Como la planta alta hizo oídos sordos, el juez les planteó que estaban ante un Tribunal, y que por tanto debían respetarlo. De lo contrario era el momento de retirarse. Finalmente le hicieron caso, se pararon y fueron inmediatamente invitados a sentarse para que comience el juicio.
La línea política. El auto alegato de Smart fue por momentos provocador, pero centró la línea judicial en lo que denominó la “cosa juzgada”, y un reclamo de “igualdad ante la Justicia”, dado que considera que responsables inmediatos y cercanos a los hechos que se le imputan “ya fueron absueltos”. Cuestionó además que la morosidad con la que la Justicia lo convocó, en 2008, 30 años después de ocurridos los hechos. Fue en ese fragmento que dijo: “Los 30 años de demora me dejaron indefenso”.
Pero el tramo más político es el que aporta material para el análisis y puede generar irritación entre las víctimas del terrorismo de Estado. Entre otras cosas, reivindico el juicio a los Comandantes realizado en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, “que fueron un ejemplo dado al mundo”; repudió la reapertura de los juicios a partir de la llegada del kircherismo; y lo que denominó como el “fin del proceso de pacificación” que se había iniciado con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del gobierno radical y continuado con los indultos otorgados por el menemismo.
Calificó entonces de exabrupto del ex presidente Néstor Kirchner haber pedido perdón en nombre del Estado, por lo ocurrido hasta ese momento en materia de Derechos Humanos. “Al día siguiente (del 24 de marzo de 2004) le tuvo que pedir perdón al doctor Alfonsín”, dijo el único civil juzgado en esta instancia.
Calificó de “traición del Estado” el hecho de desandar el camino de la “pacificación” al que hizo referencia. Y con ironía se preocupó por los militantes montoneros y del ERP que en durante ese proceso empezaron a escribir la historia en primera persona. “Deberían preocuparse si los llaman a dar explicaciones”, dijo. E hizo referencia a los tres capítulos de La Voluntad, escrito por Eduardo Anguita y Martín Caparrós.
Pero contribuyendo a lo que él denomina su “reedición de la teoría de los dos demonio”, historió en los meses previos al golpe de Estado, en la debilidad del gobierno de Isabel Martínez de Perón, y en las acciones de las organizaciones armadas Montoneros y ERP realizadas entre enero y marzo de 1976 para contraponer a lo que consideró “es un relato ficticio” con el que “hoy se bombardea para hacernos creer que los hechos no fueron como en realidad fueron”.
Como si actualmente se negara el accionar de la Triple A bajo el mando de José López Rega en tiempos del gobierno peronista derrocado, Smart dijo que hubo desapariciones antes de marzo de 1976. “Digo esto para que el Tribunal se pare en esos años y no se crea lo que nos quieren hacer creer la fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos, que este país era un ‘lecho de rosas’, como si hubiésemos vivido en Helsinki”, sintetizó.
Prescripción y absolución. Mientras Smart hablaba, otros doce imputados permanecían en sus lugares del corralito que se anexó al escenario. Entre ellos estaba Miguel Etchecolatz, quien por momentos intercambiaba papelitos con su abogado. En la planta alta, algunos allegados de los imputados seguían el alegato atentamente (entre ellos Pando y el hijo de Smart tomaban notas) y otros dormitaron. Los había hombres y mujeres adultos mayores, de la edad de los imputados; varios algo menores, con edad de ser sus hijos o sobrinos; e incluso más jóvenes.
En la planta baja, de a poco, las butacas al principio vacías comenzaron a poblarse de allegados de las querellas, organismos de Derechos Humanos y familiares de las víctimas.
El primer tramo de la defensa de Smart fue la más técnica, en la que el ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean desgranó los argumentos por los cuales concluyó reclamando la prescripción de la acción judicial y su “lisa y llana abolución”.
Los ejes fueron lo que consideró la “nula posibilidad de defensa” con la que contó por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos por los cuales se lo juzga. “Se produce un deterioro de ese derecho cuando se prolonga el proceso en perjuicio del imputado”, dijo, y recordó que fue citado por primera vez en mayo de 2008, sin que antes nadie lo notificara de proceso alguno en su contra. “¿Recién en 2008 se enteraron que fui ministro de Gobierno?”, se preguntó.
También cuestionó lo que consideró se trata una falta al concepto de “igualdad ante la ley”. Dijo que de los 62 delitos que lo tienen como imputado, hay 38 casos en los que los imputados inmediatos, como los comandantes que gobernaban el país, o los mismos comisarios Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, ya fueron absueltos.
Alegó entonces, y en base a fallos anteriores, que no se trata de un cambio de jurisprudencia o de hechos análogos, “como se intenta decir desde 2003 para justificar la reapertura de los juicios, sino de los mismos hechos juzgados dos veces con criterios diferentes”. Para Smart, esto redunda en que será condenado siendo autor mediato, por hechos cuyos autores inmediatos ya fueron absueltos. Por eso pidió “no un cambio de jurisprudencia, sino que se juzgue con el mismo criterios a todos los imputados por un mismo hecho, sean juzgados ahora o hace 30 años”.
Y advirtió a los jueces, apelando a dichos anteriores de los jueces de la Corte Suprema Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, y a la tercera persona para nombrarse a sí mismo: “Este Tribunal se negaría a sí mismo si negara la cosa juzgada para condenar a Smart”.
El cuarto intermedio fue ordenado por el juez Rozanski cuando Smart se disponía a analizar, según su perspectiva, el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado. “Como vamos a hacer un punto y aparte, paramos 5 o 10 minutos”, dijo el juez. Habían pasado más de dos horas del inicio.
12/12/12 Diagonales
GB
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