Más jueces y fiscales negaron que existan presiones a la justiciaDesmintieron al sector del Poder Judicial que acusa al gobierno de avanzar sobre su independencia. Un camarista detalló los vínculos de Recondo con el Grupo Clarín.
Diferenciándose del discurso crítico que un sector del Poder Judicial le dedicó al gobierno nacional, varios camaristas, jueces y fiscales rechazaron que haya un avance del Ejecutivo sobre la independencia de la justicia, y cuestionaron la respuesta corporativa a las recusaciones impulsadas contra los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Luego de la solicitada publicada con la firma de más de 200 funcionarios judiciales y académicos, siguieron ayer las muestras de apoyo a ese comunicado y las críticas contra algunas prácticas de la familia judicial.
"La independencia es un principio básico de la división de poderes y entendemos que de ningún modo fue afectada", opinó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, quien cuestionó el "exagerado reclamo de independencia" realizado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, al que vinculó más con un reclamo de "indemnidad que con la independencia, que la garantiza la propia Constitución y no necesita reclamarse ni declamarse".
De manera similar se pronunció el juez de Casación Penal Alejandro Slokar, quien señaló que firmó la solicitada por "el rechazo a reacciones corporativas y burocratizadas, verticalistas, porque de esa forma se degrada y bastardea la necesaria independencia que tiene que tener un juez". En diálogo con la Radio de las Madres, el camarista señaló que "bajo el disfraz de independencia, muchos sectores rancios toleran lo acomodaticio, lo indolente, hasta lo venal de los magistrados". También aclaró que no existen presiones del Poder Ejecutivo sobre los jueces. "Nadie puede sentir presión por la tarea que tiene que desempeñar. Si se hablase de destituciones arbitrarias de jueces, sucede todo lo contrario porque me desempeño actualmente como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y desde que asumí hace algunos meses no recibimos ningún caso", sostuvo el funcionario.
También en relación a la independencia judicial con los poderes económicos, Eduardo Freiler, presidente de la Cámara Federal porteña, denunció incluso los vínculos entre el Grupo Clarín y la Asociación de Magistrados, una de las impulsoras de las denuncias contra el gobierno nacional. "La Fundación Noble daba diferentes cursos, en los que exponían personas siempre con un mismo perfil, vinculadas al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con sede en Chile, que fue creado por un programa de la OEA respondiendo a una de las directivas del Consenso de Washington", relató Freiler, quien aclaró que el puntaje de esos cursos era utilizado en concursos judiciales. "Acá hay una clarísima asociación que se logró con la dirigencia de Ricardo Recondo en la Asociación de Magistrados y con la aprobación, quizás ingenua, del Consejo de la Magistratura, que aceptó que un multimedios le diera puntaje a una persona para poder acceder a una magistratura", agregó el camarista.
Los fiscales Feliz Crous y Javier De Luca también se desmarcaron de la posición de la Asociación de Magistrados y algunos ministros de la Corte. Crous, de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, consideró que "recusar un magistrado es una herramienta del sistema procesal, y nadie tiene que sentirse presionado por eso." De Luca, por su parte, criticó la respuesta corporativa que tuvieron algunos magistrados y opinó: "No se puede admitir que colegas nuestros se pongan en una posición de víctimas del gobierno, cuando quienes plantean acciones son particulares, grupos económicos, que consideran que una ley es inconstitucional."
Por su parte, el juez Gustavo Bruzzone, presidente de la Cámara del Crimen, sostuvo que lo recusaron "muchas veces" y que esos procedimientos "están previstos, no son una presión". También manifestó su preocupación por la falta de cobertura de cargos. "Todas las instituciones que integran el Consejo de la Magistratura son responsables de la demora, pero especialmente lo es el Poder Ejecutivo", afirmó.
Críticas de la lista celeste
En el marco de la discusión por la autonomía del Poder Judicial y luego del comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia –dependiente de la Corte Suprema–, que denunció presiones por parte del gobierno nacional, la semana pasada los jueces alineados en la Lista Celeste salieron a dejar en claro su diferencia con esas posturas.
"En el marco de un Estado de Derecho, cada uno de los sectores de la sociedad es libre de expresar sus opiniones e inquietudes. El ejercicio de tal libertad no debe ser entendido como afectación al desenvolvimiento de las instituciones", señaló la Lista Celeste en un comunicado donde respondió a los dichos de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura.
"Cada una de las partes de la controversia ha efectuado los planteos que consideraron pertinentes y el Poder Judicial, a través de sus magistrados, ha resuelto en el marco de sus facultades lo que ha considerado ajustado al ordenamiento jurídico", explicó la agrupación, en referencia a las quejas de la justicia por los pedidos de recusación enviados por el gobierno contra miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal. Los magistrados reunidos en la Lista Celeste también aclararon que "para garantizar las libertades ciudadanas, es inherente a las funciones de los magistrados ser independientes de todo poder político partidario o de grupos económicos".
GB
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