miércoles, 19 de diciembre de 2012

AGENCIA PACO URONDO, LA JUSTICIA SE DEMOCRATIZA? II

Dosser: Qué implica democratizar la justicia

Alberto Bovino, es un reconocido jurista, abogado de la familia Ferreyra en la causa que investiga el asesinato del militante del Partido Obrero. En esta oportunidad, aborda la discusión acerca de la posibilidad de encarar una reforma judicial.
 http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2007/agosto_2007/media/bovino.jpg
APU: A partir de declaraciones de la presidenta y recientes fallos de la Justicia, se generó una discusión sobre el Poder Judicial y la posibilidad de encarar reformas ¿De qué forma se podría avanzar?
Alberto Bovino: Creo que un hecho coyuntural no es el momento apropiado para proponer una reforma sino para reflexionar sobre la cuestión. No es un caso, el de Marita Verón, para realizar medidas inmediatas, en todo caso expone una serie de fallas de la Justicia y el ministerio público.
Aparecen varias propuestas como el tema del nombramiento de jueces, probablemente haya un proyecto de reforma de la ley orgánica del ministerio público, que me parece algo necesario desde hace tiempo. Ahora se le dio media sanción al juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, que me parece un hecho positivo.
El Poder Judicial tiene que tomar conciencia que la crisis es del mismo Poder Judicial, que no son los factores externos. Este poder siempre busca la manera de culpar de su crisis, que no es coyuntural sino que es permanente, al Poder Legislativo, al Ejecutivo o solo a la Corte Suprema o a los litigantes. Nunca asumen su cuota de responsabilidad.
APU: El juicio por jurados que beneficios implicaría?
AB: Muchas veces se critica a esta modalidad diciendo que los temas complejos no se entendería pero si un abogado no puedo explicarle en que consiste un hecho prohibido penalmente a un ciudadano, no tiene sentido que el hecho esté prohibido porque un ciudadano que lea el Código no va comprender qué es lo que no se puede hacer. Todos debemos comprender y los abogados tenemos que acostumbrarnos a hablar de manera tal que se nos entienda, no a generar un lenguaje técnico y oscuro que evita todo control ciudadano sobre la Justicia.
Además representa una simplificación de la etapa de investigación, que es el principal cáncer de nuestro procedimiento. Genera condiciones para que se cumplan los derechos de las partes en mayor medida. Es una deuda que tenemos con nuestra Constitución de 1853, creo que solo en Córdoba se cumple parcialmente.
APU: Los jueces a cargo de causas muchas veces manejan los tiempos a su gusto ¿Cómo es esa capacidad que tienen para congelar y descongelar causas? ¿Se puede modificar?
AB: Si, en nuesro procedimiento no hay ningun incentivo o sanción para el incumplimiento de los deberes de fiscales y jueces. Un juez puede detener a alguien, investigar en los ratos libres, mientras esa persona sigue detenida sin pruebas por años. Cuando se le vence el plazo de prisión preventiva, lo podrá liberar pero la persona estuvo años presa, nadie se hace cargo de eso. No es justo que no existan incentivos o sanción para una persona que dispone la prisión de un ciudadano sin ninguna prueba. La prisión preventiva tiene prácticamente el mismo estandard de prueba que el estándar para llegar a juicio, si se lo detiene y no se va a juicio, significa que no hay pruebas suficientes.
APU: Otra discusión tiene que ver con la capacidad de control y de destitución de un juez en relación a los representantes de los otros poderes.
AB: Eso es culpa de los mismos de los mismos jueces y de los órganos encargados de la asignación y destitución. Hay jueces que han cometido barbaridades y ni siquiera se ha discutido la posibilidad de destituirlo. Cualquier forma, en caso de haber reforma constitucional, debería reglamentar el plazo de los jueces, que sean largos pero que tengan que renovar. La mayoría de las designaciones tiene en cuenta cualquier aspecto menos la idoneidad de los jueces. Esto es responsabilidad  del Consejo de la Magistratura donde hay unas internas terribles de poder.
APU: Hablabamos con Lucas Arrimada que nos decía que el Consejo era bastante plural…
AB: No podría hablarte de una propuesta superadora. Puedo decirte que nunca he sido convocado, en mi calidad de académico, para integrar jurados. Tampoco tiene sentido participar porque la evaluación tiene más carácter político, alterando el puntaje de los responsables técnicos. No soy tan ingenuo como para pensar que los factores políticos no tienen que ser tenidos en cuenta, pero muchas veces se cometen injusticias ascendiendo personas que están en un pésimo lugar.
De todos modos, creo que la exposición pública de cualquier sistema de asignación, siempre tiene que existir, junto con la posibilidad de los ciudadanos de impugnar u opinar de los candidatos.
APU: Volviendo sobre algo que mencionabas antes, ¿Cuáles son los problemas que se encuentran frecuentemente en la etapa procesal de las causas?
AB: Tenemos un modelo de código que corresponde históricamente con el Código Napoleónico. Investigar delitos informáticos o cualquier delito más allá de un hurto o robo, con mediana complejidad, demora años por la falta de voluntad de trabajar seriamente esos casos y porque el Código lo impide porque no está pensado para organizar un buen mecanismo de investigación. Hay que especializar a los fiscales con una nueva ley orgánica y no especializar por fueros, vos fijate que existía un fuero para delitos económicos que comprendía los delitos tributarios y se tuvo que crear un fuero para delitos tributarios, así vamos a tener un fuero para homicidios, otro para robos, y eso genera discusiones de competencia interminable.
Lo importante es eliminar el expediente y la escritura, para analizar todo procedimiento. Tenemos que entender que la Justicia no está en crisis, sino que la crisis es la Justicia que tenemos.

GB

No hay comentarios:

Publicar un comentario