Para conocer al genocida Bussi

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Fragmentos de "El rastro del general Bussi", nota de Marcos Taire publicada en la revista Los Periodistas, nº8 del 16 de noviembre de 1989.

Cuando a fines de 1975 el general Antonio Bussi llegó a Tucumán para hacerse cargo de la Operación Independencia, la guerrilla rural del ERP ya estaba derrotada. Así lo dijo públicamente, al despedirse, el comandante saliente de la Quinta Brigada de Infantería, general Acdel Vilas. Sin embargo, 'el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha' según el informe de la Comisión Bicameral que investigó en la provincia, las violaciones a los derechos humanos.
Un número impreciso de personas (hubo alrededor de 600 denuncias) desaparecieron y nunca más se supo de ellas, durante la represión llevada a cabo por las fuerzas armadas y de seguridad a cargo de Vilas y Bussi. Mucho más de la mitad tenía edades que oscilaban entre los 18 y los 35 años, mientras la décima parte de ese total no había superado los 17. Alrededor del 60 por ciento de los secuestrados eran trabajadores, en su mayoría de la industria azucarera. Un diez por ciento del total eran estudiantes. Para completar estas cifras del horror hay que consignar que el 56 por ciento del total de desaparecidos fue detenido en sus domicilios y en horas de la noche.
La campaña de represión desatada contra la población tucumana conoció todos los métodos del terrorismo de estado. En una primera etapa hubo una seguidilla de atentados explosivos que todas las noches mantenían en vilo a los pobladores, particularmente de la ciudad capital. Los objetivos atacados fueron la Universidad, la Legislatura, las sedes de los partidos Radical, Socialista y Comunista, el Sindicato de Prensa. Más tarde los atentados buscaron impedir la asistencia legal de los tucumanos víctimas de la represión: los estudios o domicilios de numerosos abogados fueron dinamitados o ametrallados: Arturo Ponsatti, César Saleme, Gerardo Maxud, Napoleón Torres Bougeau, José María Martinelli, Julio César Rodríguez Anido, Carlos Zamorano, Juan Robles, Carlos San Juan. En este período fueron secuestrados y bárbaramente asesinados los abogados Rafael Fagalde y Angel Pisarello, máximo dirigente de la UCR local.
Disparen contra los funcionarios
Cuando el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas desalojaron del gobierno a Isabel Martínez de Perón, la barbarie represiva se descargó sobre los funcionarios del gabinete provincial. El gobernador Juri fue encarcelado y en esa situación permaneció durante casi tres años. Su ministro de Economía, Jorge Raúl Martínez, detenido, torturado y encarcelado dos años. El intendente de San Miguel de Tucumán, Carlos María Torres, permaneció detenido tres años y medio, después de haber sido secuestrado y torturado durante varios días. El diputado nacional Antonio Isaac Guerrero estuvo preso tres años. Obviamente, ninguno tuvo defensa legal ni estuvo sometido a proceso judicial alguno. El ministro de Bienestar Social de Juri, Carlos Prats Ruiz, permaneció secuestrado por un lapso de seis meses.
También sufrieron cárcel y tormentos el diputado provincial René Quinteros, el juez federal Jesús Santos, el diputado provincial Ricardo Díaz, el secretario de Turismo Miguel Angel Cosiansi, el secretario de Obras Públicas Iván Vacaflor.
Fueron secuestrados y nunca más aparecieron el presidente del Senado de la provincia, Dardo Molina; el secretario general de la Gobernación, Juan Tenreyro; el diputado nacional y destacado dirigente gremial de FOTIA, Bernardo Villalba; el senador provincial y ex secretario general de la CGT Regional, Damián Márquez; el diputado provincial y ex dirigente obrero ferroviario Raúl Lechessi; el senador provincial Guillermo Vargas Aignasse; el secretario de Planeamiento, José Chebaia.
El golpe de estado del 24 de marzo se inauguró esa madrugada en Tucumán con el asesinato del prestigiado dirigente gremial Francisco Isauro Arancibia, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP). A las pocas horas de instaurado el régimen militar, todos los dirigentes de primer nivel del gremialismo tucumanos fueron convocados al local de la CGT. Allí, sobre la calle Suipacha, fueron duramente increpados por altos oficiales del Ejército, quienes impartieron instrucciones acerca del accionar que de ellos se esperaba en el Proceso de Reorganización Nacional.
Durante los años de la dictadura, en Tucumán no se registró ninguna huelga en la industria azucarera. Y fueron los barones del azúcar el mayor soporte logístico con que contó el gobierno de Bussi, tanto para la operación represiva como para el desarrollo de su gobierno. En varios ingenios funcionaron campos de concentración y en algunos de ellos las fuerzas militares se aposentaron para operar sus helicópteros, sus vehículos de guerra, sus soldados.
Cuando desde la distancia y a lo lejos en el tiempo se dice que el general Bussi tuvo la suma del poder, no puede entenderse lo que eso significó sin aproximarse a la realidad que vivieron los tucumanos en esos años de terror y muerte.
En su testimonio ante la CONADEP, un gendarme de apellido Cruz afirmó haber visto a Bussi pegar el tiro de gracia a los prisioneros en el campo de exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Ese campo de concentración tuvo el privilegio de ser el único que se construyó especialmente para ese fin, a imagen y semejanza con los de los nazis, con barracas para los prisioneros, alambradas de púas y torres de vigilancia.
Algunos tucumanos se preguntan si, en caso de ganar los comicios de 1991, Bussi instalará su gobierno en la tradicional Casa ubicada frente a la Plaza Independencia o en las mazmorras de la Escuelita de Famaillá, y si pronunciará sus discursos desde el Salón Blanco o desde el Arsenal Miguel de Azcuénaga, con el coro de los aullidos y los quejidos de muerte de los centenares de torturados y asesinados durante su gobierno.”

agencia paco urondo.

GB